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Por Juan Turello. Javier Milei recibió el más duro golpe político en casi cinco meses de gestión. La marcha universitaria federal cruzó transversalmente a la sociedad, luego de que el Gobierno perdiera el eje del debate sobre el uso de los recursos y las auditorías de los millonarios fondos que reciben las universidades.
Sintió el golpe: debió aclarar que no cerrará las casas de altos estudios y que habrá partidas para los gastos de funcionamiento, señala mi nota en La Voz. Las familias -que consideran a las universidades como el vehículo del progreso social- tienen hoy posiciones encontradas sobre el duro ajuste fiscal.
Esta semana comenzó a observarse la reacción de las grandes cadenas de supermercados, que, ante la caída de la demanda, lanzaron rebajas de entre 20% y 30%.
Los locales de mayores ventas en Córdoba, por caso, sumaron su promesa de congelar los precios por entre dos y tres meses.
La moderación en la suba de alimentos e, incluso, la deflación en ciertos rubros, aparece como una constante en las mediciones privadas.
¿Alcanzará para que la inflación sea de un dígito?
El ministro Luis Caputo sostiene que “la inflación núcleo”, que no incluye los precios regulados ni estacionales, ya está corriendo a menos de 10%.
La desesperación del Gobierno de Córdoba para evitar el tarifazo eléctrico sobre casi 398 mil hogares, revela el fuerte impacto de las tarifas sobre la inflación, más allá de la baja de alimentos y bebidas.
Las encuestas sobre cuál es la tolerancia social al ajuste que aplica Milei no son coincidentes, aunque la mayoría señala que aún existe un alto grado de comprensión de la política económica.
La inflación y la inseguridad están al tope de las muestras, áreas en las que el Gobierno tiene una buena imagen, sin embargo, la caída del empleo o la falta de oportunidades comienza a desmoronar el apoyo de las familias.
Los despidos, jubilaciones anticipadas o “retiros voluntarios” (en muchos casos ‘forzosos’) ya son moneda corriente.
Aun así, el equipo oficial se encarga de propalar una encuesta hecha a nivel de Latinoamérica, que muestra que los argentinos tienen esperanza de que el futuro será mejor, pese a la crisis que atraviesan.
Seis de cada 10 argentinos declararon que esperan que este año sea mejor que 2023, y tres de cada cuatro creen que su situación financiera mejorará, en un contexto de caída de los ingresos reales.
Los jóvenes son los más optimistas: el 69% está esperanzado, de acuerdo con el Monitor de Humor Social, realizado por dos grandes firmas latinoamericanas.
Un primer repaso de los proyectos de la “ley bases 2” y de reforma impositiva, que serían sancionados en Diputados, arroja ganadores y perdedores.
La retracción del Impuesto a las Ganancias es un golpe para los salarios de las clases media y media-alta.
Los cambios en el monotributo, con fuerte suba en los montos de facturación y en los aportes, aún resultan indefinidos para los trabajadores independientes.
Las pymes pueden ganar con la moratoria de deudas impositivas, previsionales y aduaneras al 31 de marzo último, aunque las facilidades de pago son un castigo para los establecimientos cumplidores.
El blanqueo aportará más ingresos al fisco y a las provincias, que recibirán el 60% de los pagos por el registro de bienes y activos que hoy están “en negro”.
La moratoria, el blanqueo y Ganancias aportarán los fondos que reclaman los gobernadores para aprobar esos proyectos, más allá del rechazo de los mandatarios peronistas. Un clásico: iniciativas similares se sancionaron durante las gestiones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
El Impuesto a los Bienes Personales prácticamente pierde significación, por lo que se trataría de una regresión. Se castiga más el consumo -con un IVA al 21%-, que a los grandes capitales.
La reforma laboral light deja a la CGT como uno de los grandes ganadores. Las prerrogativas de los sindicatos no han sido tocadas, ni siquiera el castigo a quienes bloqueen una empresa.
Milei podrá decir que logró un triunfo parcial por la posible sanción de dos proyectos clave, aunque aún le resta el desafío del Senado y saber cómo la sociedad procesa el conflicto universitario.