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Por Sergio Mabres. El Gobierno de Córdoba llamará a licitación para desarrollar e implementar una Historia Clínica Única Electrónica en hospitales provinciales, también conocida como Historia Clínica Digital. En inglés, las siglas EHR (por Electronic Health Record) hacen referencia a dicha tecnología.
Por lo general, esta clase de iniciativas -más allá del ámbito en el que se genere- debe superar ciertos desafíos e intereses contrapuestos.
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Si bien la creación de una solución tecnológica de este tipo es sencilla, ya que existen desde hace años, la implementación es muy complicada por los intereses que se tocan. Por caso, el profesional de la salud “evolucionaría” (así se suele escribir cuando se hace referencia a EHR) de diferente forma si sabe que la información que se vierte en la Historia Clínica Electrónica de un paciente no es privada, y sólo visible para sus ojos.
Por otro lado, las ventajas para los pacientes y los auditores de gastos en salud son también muy importantes. Entonces, ¿cuál es el problema?
Las fuerzas en contra de la implementación de la Historia Clínica Única Electrónica agitarán los fantasmas de la confidencialidad, la privacidad de los datos y el secreto profesional. En el fondo, prevalece un sentimiento de que lo que está escrito en la historia clínica es propiedad intelectual del profesional.
En consecuencia, será necesario definir de quién es esta información realmente: ¿del profesional que describe, del paciente que es descrito o del Estado que paga? En este sentido, algunos de los puntos a tener en cuenta son:
#Salud Se llama a licitación para implementar la HISTORIA CLÍNICA ÚNICA en hospitales públicos provinciales #HCUhttps://t.co/Id4u8UKyAo
— Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) 16 de enero de 2017
Más allá de los desafíos, muchos actores se encuentran a favor de esta tecnología. ¿Por qué? Porque aporta transparencia, disponibilidad, control y la posibilidad de medir.
Los beneficios que se desprenden, a partir de estas posibilidades, son muchos. Por ejemplo, mejorar la atención de un paciente (a partir de sus antecedentes clínicos) cuando éste cambia de profesional, de obra social o es derivado a otro centro asistencial. Esto se potencia aún más en el caso de un accidente o de una emergencia.
En el caso de los auditores del Estado o de las obras sociales, se pueden detectar prácticas innecesarias y duplicadas, como así también agilizar el trámite de recupero del gasto por parte del Estado cuando un paciente con cobertura privada se atiende en un nosocomio público.
Además, se evitaría la pérdida de información por daño o extravío de la historia clínica en papel.
Otros beneficios surgirán a partir del análisis estadístico de los datos: conocer los efectos de las políticas de salud en la sociedad, detectar brotes en forma temprana, realizar campañas de prevención, medir los cambios en las coberturas de salud, por mencionar algunos.
Para concluir, la idea es excelente.
Felicitaciones a quienes impulsan esta iniciativa con probados efectos positivos. Esperemos que se mantengan las buenas prácticas en las etapas que faltan y podamos contar pronto con un sistema flexible, abierto, seguro, en el cual el paciente sea el dueño de la información.