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Los relatos de funcionarios nacionales y de Leandro Despouy, ex titular de la Auditoría General de la Nación, se convirtieron en una increíble narración de los problemas que existen para combatir la corrupción en Argentina. Las grandes fotos de esa drama fueron la tragedia de Once, jóvenes contando millones en “La Rosadita” y las valijas con casi 9 millones de dólares de José López.
En la jornada sobre “Ética y Transparencia”, que organizaron Amcham Argentina, la Universidad Católica de Córdoba y Fundación Mediterránea, Laura Alonso -titular de la Oficina Anticorrupción (OA)- reveló que los funcionarios nacionales que no presenten la declaración jurada de su patrimonio soportarán el 20% de descuento del sueldo.
“Hay que trabajar con políticas públicas, que impliquen también un control de las cuentas. Necesitamos legislación y organismos de control para mejorar los procesos internos. Perdemos dineros por la corrupción y por ineficiencia. No siempre un funcionario roba, sino que malgasta el dinero”, indicó Alonso.
Reveló que sugirió al presidente Mauricio Macri “aplicar la retención salarial del 20% a los funcionarios que no presentaron su declaración patrimonial. Está en la ley, no es un invento o una innovación. Son 218 organismos de recursos humanos los que deben pedir esa declaración. Es posible que ahora aparezcan muchas declaraciones. La OA debe controlar 45 mil declaraciones, entre las cuales hay unos 1.500 funcionarios de alto rango. No tenemos una tecnología para efectuar ese control patrimonial”, reconoció.
La cooperación es clave en la lucha contra la corrupción. Queremos que Argentina ingrese en la OCDE #JornadaÉticayTransparencia #CBA
— @lauritalonso (@lauritalonso) 23 de agosto de 2016
Reveló también que próximamente se sancionará un Código de Ética Pública, que establecerá qué deben hacer los funcionarios con los regalos. En tono cordial, dijo que los salamines de Colonia Caroya que se regalen a los funcionarios podrán comerse, pero el regalo deberá estar asentado para que los ciudadanos sepan qué recibió cada funcionario. “Los regalos protocolares también son éstos, no sólo los cuadros que pueda recibir un funcionario”, dijo entre risas del auditorio. Y agregó: “El Código de Ética Pública es para todos los funcionarios. Si la sociedad no toma el tema de la lucha contra la corrupción puede ser sólo un espasmo. Ya sucedió en 2001-02. Y nos saquearon. Éste es el momento en que debemos decir “nunca más”, para movernos a una democracia con controles. Se trata de poder vivir mejor, y ésta agenda la tenemos que trabajar todos juntos. Es una agenda sostenida en el tiempo, habrá obstáculos, resistencias, pero debemos llegar. No hay que desvanecerse ante el primer tropiezo. No estamos condenados a la corrupción”.
Mapa de la corrupción mundial (2015) pic.twitter.com/GKl1bmm4XX — elOrdenMundial S.XXI (@elOrdenMundial) 20 de mayo de 2016
Pidió procesos judiciales rápidos y eficaces e instó a sancionar las leyes de decomiso de bienes y de recuperación de activos, con la extinción de dominio. “Debemos darnos las herramientas necesarias para ir detrás de los activos del crimen organizado, como el narcotráfico y delitos contra la administración pública”, afirmó. Talarico consideró clave la ley de acceso a la información pública, que se debate en Diputados.
“Por el programa Sueños Compartidos, hay miles de personas que no tienen viviendas como consecuencia del manejo dictatorial de los hermanos Schoklender. ¿Cuánto tuvo que pagar Skanska o Siemens para poder cotizar? El informe sobre la compra de material ferroviario a España y Portugal es de terror”, recordó entre los casos más notables en los que intervino.
Despouy señaló también que lo más destacado de su tarea al frente de la AGN fue hacer público los informes que “antes se cajoneaban o la sociedad no los conocía porque no se publicaban”.
Señaló que la pregunta más frecuente que le formulan es ¿por qué se pudo alcanzar ese nivel de corrupción en la administración pública? “Por la falta de controles y la sensación de impunidad”, respondió