Por Juan Turello. La política aún sigue discutiendo los efectos del segundo paro de la CGT a Javier Milei, a cinco meses de la asunción presidencial. La pelea ocultó el drama del empleo que asoma tras la fuerte baja de la inflación, señala mi nota en La Voz.
Para la conducción gremial, que realizó dos de cada tres paros a gobiernos no peronistas, la manifestación fue “contundente”. La valuación no incluye que fueron clave la parálisis de los ómnibus y de los trenes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo calificó como “el paro más débil de la historia”. Cómo sigue la economía.
La protesta fue acatada por trabajadores nucleados en gremios públicos y privados; 7 de cada 10 informales rechazaron el paro.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que adhirió sólo el 30,5% de los trabajadores, funcionó el 48% del transporte público, y “76,6% de las pymes y 90% del comercio minorista siguieron activos”.
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) coincidió en que “el acatamiento fue nulo” en 79% de las pymes fabriles.
Los sectores más duros alientan ahora una huelga de 36 horas, mientras desde el entorno de Milei prometen “más látigo”, ante el descrédito de los gremialistas ante la sociedad, según encuestas de opinión.
Las 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y las 13 entidades financieras que consulta el Banco Central calcularon una inflación de 9% para abril. La suba de alimentos y bebidas estuvo entre 3% y 4%.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada) apuntó sus cañones para lo que entiende debiera ser la segunda parte del programa: la baja de impuestos.
Las economistas Natalia Ariño y Nicolle Pisani Claro sostienen que cada ocho bollitos de pan, dos equivalen a impuestos; un vaso de leche por cada sachet y 250 gramos de cada kilo de carne se lo “comen” los tributos que se pagan.
Cavallo advierte que la inflación puede estacionarse en un rango de entre 6% y 7%, por la suba de las tarifas de los servicios públicos.
Para ubicarla en un escalón más abajo, el exministro de Economía pide al Gobierno que “clarifique” cómo será la salida del cepo.
Pidió un crawling peg (devaluación periódica) “más realista”, en una virtual crítica al 2% mensual que practica el ministro Luis Caputo.
Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, sostiene que el trade off que enfrentará ahora el Gobierno es entre bajar la inflación y el nivel de actividad.
El «trade off» supone privilegiar el beneficio que ofrece una medida, a cambio del sacrificio de otro hecho favorable.
El nivel de actividad está ligado a la permanencia del empleo registrado, que ya comenzó a crujir en las grandes empresas, como Mabe en Luque y Río Segundo (lavarropas y lavavajillas), que despidió a unos 200 operarios.
El impacto también se siente en las pymes: la firma Weg, motores eléctricos, desafectó a 50 trabajadores. Los microdespidos son comunes a todos los sectores.
Hay ocho millones de trabajadores en blanco, entre empleados, monotributistas y autónomos, y un número similar de no registrados, principalmente en el comercio, la construcción y el campo.
La CGT y los gremios han hecho poco para la reforma de las leyes que favorezcan la incorporación de “trabajadores en negro”.
La “ley Bases 2” ofrece alternativas para blanquear los empleos. Se oponen el sindicalismo y el kirchnerismo, que tampoco hizo mucho por solucionar el problema.
Sin embargo, el tema no fue mencionado explícitamente por los beligerantes voceros que empujaron la protesta, más interesados en defender a los que están en el “corralito” (afiliados).
El gremialismo está en falta con ese universo de parias laborales. Y la política parece ofrecer escasas soluciones sobre el empleo, que comienza a manifestar problemas, a veces de una manera sonora y, en otros casos, de escasa repercusión.