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El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI) de Córdoba obtuvo el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó el recurso de queja del denominado Colegio de Martilleros e Inmobiliarios, por lo que aquella entidad manejará la matrícula para el ejercicio profesional.
El máximo tribunal de Justicia ratificó una decisión en tal sentido que ya había sido convalidada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que había declarado la constitucionalidad de la Ley 9445, que creó el CPCPI, con lo cual esta entidad deontológica regulará y administrará la matrícula para el ejercicio profesional.
La disputa entre ambas entidades se originó en 2007, cuando -con la creación del colegio inmobiliario- la entidad que agrupa a los martilleros efectuó distintas presentaciones judiciales exigiendo mantener esa actividad dentro de su ámbito de incumbencia. En distintas instancias judiciales esa presentación fue rechazada, incluso por el Tribunal Superior de Justicia.
Los martilleros acudieron entonces en queja ante la Corte Suprema, que no hizo lugar a su planteo y declaró la constitucionalidad de la Ley 9445. De tal modo, el CPCPI se convierte en la única entidad que puede entregar matrícula y garantizar la legalidad de cada operador inmobiliario.
“Con este nuevo Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se extinguieron todos los caminos y acciones judiciales para intentar derogar la Ley 9445, lo cual ratifica y consolida una vez más la vigencia plena y total de esta normativa para todo el territorio cordobés, obligando a más de 3.500 agentes inmobiliarios a obtener su matrícula, para que puedan seguir ejerciendo legalmente la profesión”, destacó un comunicado del CPCPI, que preside Juan Carlos López. La defensa de la entidad había sido iniciada por el anterior presidente, Edgardo Calás.