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Por Sergio Mabres. La capacidad de coordinar la oferta y la demanda de la llamada economía colaborativa (sharing economy en inglés), vía Internet, es gigantesca. Es tan grande que todo lo que alcanza derrama organización y comunicación, haciéndola crecer a niveles nunca vistos.
Los paladines de este nuevo sistema de intercambio (Uber, Lyft, Airbnb, Snapgoods, DogVacay, RelayRides, TaskRabbit, Getaraound, Liquid, Zaarly, entre otros) funcionan, con mayores o menores ajustes, basándose en un principio sencillo donde en un punto se reciben los pedidos* que luego se reparten a los trabajadores. Salvando las distancias es un proceso similar al que aún aplican las «cooperativas» de remises en los barrios, donde los clientes llaman por teléfono para pedir un viaje y, luego, el operador de la central distribuye los pedidos a los miembros de dicha organización.
[*NdelE: en adelante, a las plataformas que facilitan estos intercambios, a través de Internet, se las llamará «centrales»]
A través de la economía colaborativa se puede solicitar o proveer transporte, hospedaje, bienes, servicios (por ejemplo para solucionar tareas de la casa), dinero y espacios (áreas de coworking).
Siguiendo con las analogías, podría decirse que la economía colaborativa es pariente cercano de las franquicias, donde la cadena de abastecimiento y distribución, las normas de calidad y el modelo de negocio se comparte con los miembros; igual que la cooperativa de remises de mi barrio.
Una de las debilidades de estos sistemas es la gran diferencia de tamaño entre las «centrales» que concentra los pedidos y los miembros vinculadas a ellas, que prestan el servicio. Mientras que las «centrales» son multinacionales como Uber, Lyft o Domino’s, sus miembros no pasan de ser una empresa familiar y en algunos casos, un desempleado con un auto como único patrimonio.
Las asociaciones gremiales, lobistas y la justicia presionan cada vez más a «las centrales» en lugar de ir en contra de sus miembros. Por caso, la semana pasada Domino’s fue demandada por la fiscalía de Nueva York por no pagar el sueldo de algunos empleados que trabajan en las pizzerías de esta marca, pero que en realidad son sucursales con dueños y razones sociales independientes.
La Fiscalía General demanda a Domino’s por no pagar salarios https://t.co/0vO3DXoNlH pic.twitter.com/Rapy8RXBVV
— El Diario Nueva York (@eldiariony) 24 de mayo de 2016
La realidad golpea la puerta a los modelos asimétricos, en especial cuando el asociado no puede hacerse cargo del reclamo. En cuyo caso, los demandantes buscan responsabilizar a quienes tienen capacidad de afrontarlos, es decir: a las «centrales». Si esta tendencia continúa pronto Uber y Lyft van a tener que hacer cargo de los accidentes provocados por sus choferes.