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Por Juan Turello. Nada hay que moleste más a una familia que una huelga docente. Los horarios y las actividades se trastocan. Nada hay que moleste más a un maestro que el descuento de los días de paro. El salario se achica en momentos en que se asemeja a una sábana corta. No alcanza para todos los gastos, señala mi nota en La Voz del Interior.
Más allá de las razones que esgrimen unos y otros, el gremio docente usa ese factor como presión para sus reclamos; la administración de Juan Schiaretti le responde con el descuento en los haberes.
La UEPC recuerda que el acuerdo salarial -25%- preveía la reapertura de la paritaria si la inflación superaba esa cifra. El aumento de precios en ochos meses fue de 25,4% y de 39,2% en 12 meses, según las estadísticas oficiales de la Provincia.
El Ministerio de Educación señala que al 25% se agregó el incentivo docente –que paga el Gobierno nacional-, lo que implica una suba de ocho puntos para el maestro de grado.
La discusión en torno de la Caja de Jubilaciones debiera estar saldada tras la próxima firma del acuerdo entre Schiaretti y Mauricio Macri, que supone un subsidio anual para el ente cordobés. Osvaldo Giordano, titular de Finanzas, dijo a que “no está prevista una modificación de la ley de jubilaciones ni el aumento de la edad mínima”, como denuncian los gremios estatales. La Provincia no reducirá del 75 al 70% el beneficio de los pensionados como pidió la Anses. Tampoco acepta modificar el cálculo que estableció la Ley 10.333, que fijó el haber sobre el 82% del salario neto.
Los paros y movilizaciones no sólo se nutren de números. El Gobierno provincial entrevé una militancia K. Los sindicatos creen que Macri apunta a bajar el salario.
Roberto Lavagna, ex ministro de Economía, justificó los reclamos gremiales al afirmar que la inflación interanual a agosto era del 43%. Sólo unos pocos convenios firmaron por encima de esa cifra.
Alfonso Prat Gay, actual titular de Finanzas y enemistado con Lavagna desde la gestión que compartieron con Néstor Kirchner, sostiene que el acuerdo paritario promedio fue superior al 31%. Ello implica una suba de 2,5% mensual, que estaría por encima de la inflación en el último cuatrimestre del año, razona Prat Gay.
Pero los paros y movilizaciones no sólo se nutren de números. El Gobierno provincial dejó trascender que buena parte de la protesta de los estatales está motorizada por sindicalistas que militan en el kirchnerismo, y apunta principalmente a dirigentes de la UEPC, el Suoem, Luz y Fuerza y ATE.
El Confederal de la CGT –que decidió un paro nacional, aunque mantiene el diálogo con el Gobierno- reúne a gremialistas identificados con el massismo, el moyanismo y el kirchnerismo, además de proclamados “independientes”. Los objetivos son diversos y no siempre están vinculados con la recuperación del salario y el empleo. Hay otros intereses detrás de los paros y movilizaciones. La CGT no está dispuesta a que los movimientos sociales ni las CTA le ganen la calle y las banderas de lucha.
También acuerdan en un aspecto: el proyecto de Mauricio Macri –dicen- apunta a reducir el peso del salario en los costos de producción. El macrismo retruca que no quiere una carrera de precios y salarios.
La Argentina es un país caro en dólares. Medidos en la moneda norteamericana, los impuestos, la luz, el gas, las naftas, el salario y los valores de bienes y servicios son caros en relación con otros países, incluso los vecinos. La Argentina está fuera de cualquier indicador de competitividad y productividad.
Hay una realidad: los ingresos son insuficientes. Uno de cada tres argentinos vive en la pobreza. A los gobernantes les queda el desafío de lograr un equilibrio entre los anuncios de inversión y el mercado interno.