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El Congreso argentino ya vivió dos grandes batallas políticas. Una, la ley de pago a los fondos buitre, que resultó favorable al gobierno de Mauricio Macri; la otra, la ley antidespidos, en la que ganó la oposición. Desde hoy, comienza la batalla por el proyecto de reparación histórica a los jubilados. Qué han hay que tener en cuenta.
El proyecto fue anunciado el viernes último por Macri, y hoy ingresaría al Congreso. La iniciativa contempla el pago a los jubilados que hicieron juicio contra el Estado, un aumento de haberes de entre 35 y 45% para evitar futuras demandas ante la Justicia, el blanqueo de capitales y el reciente acuerdo por la coparticipación con las provincias.
Es un proyecto único, ya que el blanqueo permitirá registrar capitales no declarados, que estarán exentos (para montos menores a 305 mil pesos. Los ingresos a partir de ese monto pagarán una multa de entre 5 y 10%, que irá a engrosar los fondos de la ANSES para hacer frente a la mejora a los jubilados.
En caso de que esos recursos no alcance, se usarán los acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ahora, el organismo que encabeza Emilio Basavilbaso descartó vender las acciones de empresas que integran el FGS para pagarle a los jubilados.
El proyecto anticipa un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición, que intentará introducirle cambios.
Sentencia firme. El proyecto apunta al pago de 40 mil sentencias en firme por la Corte Suprema de Justicia. También se incluirán otras 30 mil demandas que están próximas a fallo.
¿Cómo se pagarán? Se usarán recursos por 12.500 millones de pesos incluidos en el presupuesto de la ANSES para afrontar esos pagos. El resto saldrá del FGS. Serían unos 75 mil millones de los 90 mil millones que tiene este fondo, más los aportes que ingresen por el blanqueo de capitales.
En caso de que los recursos sean insuficientes, se prevé la venta de las acciones de empresas privadas en manos de la ANSES a partir de 2018, según los borradores del proyecto.
Oferta voluntaria. Habrá una oferta voluntaria para las 380 mil demandas que se están tramitando en la Justicia. La oferta incluye el pago del 50% en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales en 3 años. A todos ellos les pondrán un tope por retroactividad de cuatro años, pero tomando el valor más alto, ya que tomarán los últimos cuatro años. Las cuotas se ajustarán por el índice de movilidad, que se actualiza en marzo y septiembre.
Aumento de haberes. Otro 1,9 millones de jubilados que están en condiciones de efectuar un planteo judicial, no se les pagará un retroactivo, pero se les incrementarán los haberes entre 35 y 45%.
Pensión Universal para el Adulto Mayor. Se otorgará a los mayores de 65 años, que no tengan todos los aportes requeridos para jubilarse. Cobrarán el 80% de la jubilación mínima y las asignaciones familiares, además tendrán derechos a las prestaciones del PAMI. Reemplaza las moratorias que se otorgaron en la gestión de Cristina Kirchner.
Se pagará primero a los mayores de 80 años y con enfermedades graves; luego se aplicará el haber mensual y la demora en el juicio.
Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, pidió que no se les aplique el Impuesto a las Ganancias, que equivale a una quita del 35% sobre lo que deben percibir los jubilados.
Permitirá el blanqueo de fondos no declarados ante la AFIP. Para los montos menores no habrá multas; para los capitales que se blanqueen entre 305 y 800 mil pesos, se abonará 5% de multa; a partir de 800 mil, el costo del blanqueo será del 10%.
A partir de 2017, todos los fondos pagarán 15%, al tiempo que comenzará a regir el intercambio de información fiscal con 48 países, incluidos Suiza y Estados Unidos.