Por Claudio Fantini. Algunos republicanos se frotan las manos imaginando que ha comenzado el “Watergate de Obama”.  Los escándalos por presión impositiva sobre organizaciones opositoras y por espionaje a periodistas, están sacudiendo a la administración demócrata.

el
No obstante, la diferencia con el caso que le costó el cargo a Richard Nixon es oceánica. Aquel presidente republicano había espiado el bunker demócrata en el edificio Watergate, sin que existiera una ley que permitiera siquiera mínimamente justificar esa actividad.

En cambio hoy, en Estados Unidos, rige la ley surgida de la Patriot Act (Ley Patriota), que impuso la administración Bush tras el atentado genocida del 11-S. Y bien o mal, ese marco legal permite a los servicios de inteligencia acciones propias de sistemas totalitarios, cuando hay terrorismo de por medio.

Además, Obama había prometido evitar filtraciones de información secreta o estratégica. Lo hizo cuando estalló el caso WikiLeaks y la organización presidida por Julian Assange esparció por el mundo los informes diplomáticos referidos a casi todos los demás gobiernos.

Aquella filtración surgió del Pentágono, desde donde también, posiblemente, se filtró ahora hacia la agencia Associated Press (AP) la información sobre una operación encubierta de la CIA en Yemen, para desmantelar un plan terrorista contra intereses norteamericanos. Si de verdad fue ésa la razón por la que el Departamento de Justicia hizo intervenir teléfonos de AP o si las escuchas del gobierno aprovecharon, de paso, para husmear información más allá de la filtración sobre el operativo de la CIA, no está claro.

Lo que está claro es que la administración demócrata no defendió el procedimiento a pesar del marco legal con el que cuenta, y que Barack Obama ordenó reflotar una legislación que impida acciones de espionaje contra el periodismo.

De manera similar actuó el presidente ante el caso de acoso impositivo al Tea Party. Aún tratándose de un grupo de posiciones extremistas, Obama repudió el hecho y echó de su cargo al titular de la versión norteamericana de la AFIP.

Por eso es significativo observar estos escándalos desde la Argentina, donde resulta imposible hasta imaginar que la presidenta Cristina Kirchner eche al titular de la AFIP por el evidente acoso impositivo que desde hace años se aplica a  empresas, organizaciones y dirigentes que confronten al Gobierno. Un Gobierno que jamás siquiera se refirió a las decenas de denuncias de espionaje telefónico. Sólo Mauricio Macri, y en buena hora, fue sometido a juicio por esa oscura actividad. Pero sobre los teléfonos pinchados de legisladores, periodistas, empresarios y también funcionarios del propio Gobierno, la Presidenta ni su antecesor Néstor Kirchner dieron jamás la más mínima explicación.

En la Argentina ni el acoso impositivo ni el espionaje telefónico llegaron siquiera a ser escándalos. Por eso es importante observar a Barack Obama expulsando al jefe de la AFIP estadounidense y cuestionando, en lugar de defender, las escuchas a la agencia AP, aunque no llegue a ser un Watergate.

Redacción Turello.com.ar

Somos un equipo de profesionales que nos apasiona contar de una manera simple, sincera e independiente los principales sucesos que se desarrollan en el ámbito de la economía, sociedad, tecnología, deportes y showbiz.