Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
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Hernán Lorenzino, ministro de Economía de la Nación, y Oscar González, jefe de Gabinete en Córdoba, volvieron a cruzarse políticamente. Esta vez en torno de si es constitucional o no que provincias y municipios cobren una tasa vial a los combustibles.
Este ejemplo fue rápidamente imitado por Mauricio Macri (@MauricioMacri) en la Ciudad de Buenos Aires, la cual que sería destinada a financiar los subterráneos, y por Daniel Scioli (@DanielScioli) en Buenos Aires, para la construcción de nuevas rutas. Los intendentes del conurbano bonaerense, a su vez, aplicarían una sobretasa para sus propios gastos.
Esto provocó la reacción de Lorenzino (@HernanLorenzino), quien dijo que «es inconstitucional» esa tasa o impuesto, y que el Gobierno nacional acudiría a la Justicia y al Consejo Federal de Impuestos, porque las provincias adhirieron en su momento a la coparticipación del impuesto a los combustibles y se comprometieron a no cobrar tributos sobre las naftas.
Oscar González le pidió a Lorenzino que como ministro de Economía se ocupe del «principal problema que tiene la economía, que es la inflación«, y justificó la aplicación de la tasa que recaudará más de 517 millones de pesos en 2013. Dijo también que la administración de Cristina Kirchner «no hace rutas en Córdoba», por lo que las debe encarar la gestión de José Manuel de la Sota a través de la tasa vial. En la foto, De la Sota y González comparten el acto de inicio de las obras sobre la ruta nacional 19.
Daniel Montes, integrante de la comisión del CPCE de Córdoba (@CPCECordoba) que estudió el tema desde el punto de vista tributario, sostuvo que la tasa vial no cumple con los principios que fijó la Corte Suprema de Justicia, y que como tal debe representar el pago por «un servicio concreto, efectivo y divisible». Por lo tanto, se estaría frente a un impuesto (por su carácter coactivo) y como tal estaría violando el artículo 9 de la ley de coparticipación de impuestos y las disposiciones de la norma referida al reparto del impuesto a los combustibles.
Más allá de la discusión sobre técnica impositiva, está claro que el tema requiere una solución política a partir de la discusión de una nueva ley de coparticipación de impuestos (como dispuso la Constitución de 1994) y un debate sobre qué responsabilidades le caben a la Nación y cuáles a las provincias y a los municipios.