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Mientras José Manuel de la Sota y el intendente Daniel Arzani dudan en seguir adelante con el proyecto de radicación de Monsanto por la reacción social desatada, la firma ratificó la inversión en la localidad de Malvinas Argentinas.
El gobernador de Córdoba y el intendente de la población próxima a la ciudad Capital, han dejado la posible radicación de la firma en manos de la propia multinacional. Según la óptica de la política, la compañía debería convencer ahora a los habitantes de esa localidad y a la población en general de su compromiso ambiental.
Por los costos políticos que enfrentan, tanto el mandatario provincial como el jefe municipal han tomado distancia ahora de una inversión de 1.600 millones de pesos y que crearía unos 400 puestos de trabajo en forma directa, y que habían presentado con bombos y platillos.
Pese al apoyo de la presidenta Cristina Kirchner (asistió en persona al anuncio de la firma realizado en Estados Unidos), los referentes kirchneristas de Córdoba se han opuesto a la iniciativa. El juecismo hizo lo propio.
La empresa ratificó su decisión de continuar con la inversión para levantar una planta de embolsado de semillas de maíz en Malvinas Argentinas e insistió en que trabaja en la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental.
En un comunicado, la compañía señaló: “Ratificamos una vez más nuestra predisposición al diálogo para superar la violencia y lograr reunir, sin necesidad de marchas ni riesgos para las personas, a los vecinos, activistas e instituciones que han expresado su preocupación para definir las garantías que debe dar el proyecto y la empresa a fin de certificar que se cumplirán los requisitos de protección del ambiente”.
Del total de la inversión prevista, la Monsanto ya habría desembolsado unos 300 millones de pesos en la compra del campo, donde realizó las construcciones iniciales e incluso adquirió la totalidad de los materiales para la primera etapa del proyecto.
La Justicia paralizó los trabajos hasta tanto se resuelva la cuestión del impacto ambiental.