La presidenta Cristina Kirchner tiene varios frentes abiertos, pero el juez norteamericano Thomas Griesa sumó un problema grave al Gobierno al disponer que la Argentina le pague a los holdouts (tenedores de bonos en default) 1.330 millones de dólares antes del 15 de diciembre próximo.

Aunque el tema parezca lejano para la sociedad en general, es grave, ya que la Argentina podría caer en default técnico, aunque mantuviera la voluntad de pago con más del 92% de los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, con quitas superiores al 65% del valor nominal de la deuda.

Sucede que la resolución que Griesa el miércoles último, horas antes del «Día de Gracias» en Estados Unidos, podría complicar no sólo los pagos, sino también la relación con la banca internacional (el fallo formula advertencias al Banco de Nueva York, a cargo del pago a los acreedores), el acceso del país y de empresas nacionales a nuevos préstamos de organismos internacionales o de la banca global. También impactaría en el empleo.

Seguramente que ese fallo no le hizo ninguna gracia al Gobierno argentino, que hasta ahora había descalificado anteriores medidas del magistrado y exhibió cierto patrioterismo en el caso de la Fragata Libertad, retenida en Ghana por un embargo del fondo de inversión NML, de Elliot Management, que incluye las tenencias de 13 argentinos. Nuestro país recurrirá hoy ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que hasta ahora no atendió los pedidos argentinos.

La resolución de Griesa podría disparar la demanda de otros tenedores de bonos en default por 12.500 millones de dólares, según la agencia Moody’s.

Otro costo de la disputa con los acreedores en default es que la Argentina será puesta bajo la lupa por parte de inversores externos, que dudarán en colocar dinero en un país que es señalado como «no pagador» de sus deudas. La principal afectada podría ser la empresa YPF, que necesita de capitales externos para desarrollar el yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Sin ese gas, el país tiene todos los años una cuenta a pagar de 12 mil millones de dólares por la importación de combustibles.

Redacción Turello.com.ar

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