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Los pronosticadores ya habían anticipado que el fenómeno climático El Niño tendría su máxima actividad hasta marzo, y que sus efectos se prolongarían hasta el fin del otoño (mayo-junio).
Córdoba sufrió en la noche del lunes 15 una fuerte tormenta –un año después de una fenómeno similar en las Sierras Chicas-, con vientos de más de 110 kilómetros por hora. Provocó la muerte de cuatro personas y daños millonarios en infraestructura, en el Cinturón Verde de la Capital y aún pérdidas no cuantificadas en los sembrados en el interior. El Gobierno decidió conformar un fondo con 600 millones de pesos para atender los desastres naturales.
Las cuatro personas muertas –entre ellas, un bebé de 19 meses- no pudieron soportar los efectos de los fuertes vientos, acompañadas de inusuales correntadas de agua por las principales calles de la Capital, con voladura de árboles y de techos. En poco más de media hora, llovieron 70 milímetros, además del impacto del granizo y vientos huracanados.
Este sitio había anticipado, que el fenómeno El Niño prolongaría sus secuelas hasta los meses de mayo-junio, con fuerte impacto en los negocios, en especial en los rubros de vestimenta, entretenimiento y gastronomía.
El fuerte temporal provocó daños incalculables en la infraestructura de la ciudad y en los sembrados, mientras que el Cinturón Verde, los productores también acusaron los efectos de la fuerte lluvia, viento y granizo.
En la cuanto a la reparación de los automóviles, muchos de ellos aplastados por la caída de más de 500 árboles o dañados por las correntadas, estará sujeta a las coberturas de los seguros.
Silvia Rivero, secretaria General de la Gobernación, informó en la Legislatura del funcionamiento del “Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre”, creado por Decreto 1936/2015, que será ratificado por el cuerpo legislativo. Prevé destinar 600 millones de pesos para los desastres en Córdoba.
El origen de los fondos estará integrado por 33% de la recaudación del Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura (Ley 10.323), aportes del Tesoro provincial, sumas otorgadas por el Estado nacional, créditos nacionales e internacionales y donaciones.