Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
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A seis meses de su asunción, Mauricio Macri no encontró un timing para su gestión.
Por caso, no puede celebrar la sanción de una de las medidas de ayuda social más importante –la devolución del 15% del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de los planes sociales- porque está envuelto en otra polémica. Es por la sanción del 17 de junio como feriado nacional en conmemoración de la muerte de Martín Miguel de Güemes, un olvidado héroe de la Independencia en la frontera norte del país.
La intención de Macri de vetarla o promulgarla recién con vigencia para 2017 desata otra pelea política, que pone en segundo lugar una medida que, por contrapartida, mejora el poder de compra de 9,2 millones de beneficiarios.
El Senado convirtió ayer en ley las dos medidas. El Poder Ejecutivo tiene ahora 10 días hábiles desde que es notificado de la sanción por parte de la Cámara Alta para promulgar ambas normas.
Por ejemplo, si hoy fuera notificado del feriado por Güemes tendría plazo hasta el 24 de junio para promulgar la norma, con lo cual el feriado del 17J recién comenzaría a cumplirse en 2017, cuando cae en día sábado. En 2018, el feriado será en domingo. Un costo político innecesario.
[#PreViernes] Dijeron #Feriado? Varios esperando la promulgación del #17J | ❝#LoVisteAntes❞ (24/5) en @LosTurello ↓ https://t.co/fqCI3vHrWN
— Los Turello (@LosTurello) 9 de junio de 2016
Pero si no lo hace, se enfrentará con los bloques peronistas en momentos en que necesita su apoyo para tratar el próximo miércoles 15 de junio el pliego de los dos jueces que designó para la Corte. Además, está la urgencia de aprobar la “ley ómnibus”, que incluye la reparación de los juicios de los jubilados, el blanqueo y el reparto del 15% de la coparticipación entre 21 distritos, que se destinaba a la ANSES.
La sanción más importante del Senado –se aprobó por unanimidad- tiene que ver con el reintegro del 15% que pagan jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en la compra de alimentos y ciertos productos. Implica la devolución de unos 25 mil millones de pesos anuales, según cálculos del Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal (IARAF).
Beneficiará a los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo, a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, y a las pensiones no contributivas nacionales.
Se aplicará a las compras realizadas con tarjetas de débito, con un tope mensual inicial de 300 pesos (supone un gasto mensual de 2.000 pesos) y que se irá actualizado de forma semestral.