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Por Claudio Fantini. En teoría, los senadores de Cambiemos debieran pronunciarse en contra del desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, sumarse a que impidan la detención de la ex presidenta, solicitada por el juez Claudio Bonadío.
Diría incluso que, salvo un sector ultraoficialista, es mayoritaria la sensación -en el sector no kirchnerista y antikirchnerista de la sociedad- de que sería negativo para el país que la ex presidenta fuera encarcelada en este momento y por esta causa.
Si bien el acuerdo con Irán por la causa AMIA fue una decisión aberrante, es posible dudar que se haya tratado de un delito. En definitiva, en el medio hay un pronunciamiento a favor del Memorándum de Entendimiento votado en el Congreso de la Nación.
«Se puede sostener una crítica lapidaria a esa política del Gobierno anterior, considerándola aberrante; pero la certeza del delito es discutible«.
Se puede sostener una crítica lapidaria a esa política del gobierno anterior, considerándola aberrante; pero la certeza del delito es discutible. Se puede entender que Cristina sea procesada, pero eso no implica aceptar que sea necesario aplicarle prisión preventiva.
Semejante decisión por parte de Bonadío, más que la decisión sensata y equilibrada de un magistrado, parece la sobreactuación de uno de los tantos jueces que guardaron silencio durante el menemismo y el kirchnerismo, y ahora buscan posar de paladines del ancien regime. En rigor, lo que muestran es la falta de escrúpulos, pensando en ellos mismos y no en el país, ni tampoco en la Justicia.
Es paradójico que la causa Hotesur sea infinitamente menos grave y, al mismo tiempo, junto a las demás causas que tienen que ver con el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner, sea la de mayor legitimidad para jaquear la libertad ambulante de la ex presidenta.
«Si Bonadío lograra su objetivo ahora, resultaría funcional a Cristina y a la victimización kirchnerista«.
Si Bonadío lograra su objetivo ahora, resultaría funcional a Cristina y a la victimización kirchnerista.
Encarcelar a una ex presidenta antes de que haya juicio y sentencia, implica generar una tensión que sólo puede generar riesgos para la sociedad; tensiones para el gobierno y argumentos para presentar a Cristina como una heroína martirizada por la persecución política.
Si está en libertad, mientras los juicios se llevan adelante, Cristina se debilita. Por el contrario, presa, antes de tener condena, se fortalece.