Por Juan Turello. Alberto Fernández ya tiene la ley que regirá su mandato, y que provocará profundos cambios. En la política, los superpoderes podrían determinar un realineamiento en una coalición oficial aún en estado de prueba. La mega ley generó ganadores y perdedores en el terreno económico, señala mi nota en La Voz.

En el proyecto aprobado, el oficialismo bajó banderas que había levantado en la campaña.

Alberto Fernández recibe este lunes a la Mesa de Enlace para discutir las retenciones. Ya habían dialogado el 29/8 | Foto: archivo tn.com.ar

“Con los viejos, no”; “con la baja de las Leliq vamos a dar medicamentos gratis a los jubilados y vamos a mejorar el sueldo de los trabajadores”; “es con todos y para todos”, son eslóganes que los Fernández olvidaron en menos de 10 días. A favor: ganó la batalla cultural al asegurar que la ley es contra el hambre.

Los jubilados con haberes menores a 19.068 pesos, de la docencia y del Conicet; los beneficiarios de planes sociales y las pequeñas y medianas empresas endeudadas con el fisco pueden aparecer como ganadores de un esquema que supondrá un duro golpe para la clase media y los sectores productivos.

Un jubilado que cobra 20 mil pesos, luego de 30 años de aportes, quedó fuera de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que este año iba a recuperar lo perdido en 2019. Hay 2,2 millones de pasivos que no recibirán ningún bono.

Por contrapartida, el peronismo incluyó en la movilidad a las llamadas “jubilaciones de privilegio”. Hay 4.938 beneficiarios de la ley N° 24018 (políticos, legisladores y jueces), quienes perciben un haber promedio de 210 mil pesos y un máximo que puede duplicar esa cifra, según la ANSES. La crítica en las redes sociales fue lapidaria.

La tasa de referencia de las Leliq se redujo al 58%, apenas cinco puntos porcentuales.

Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires conforman la franja que votó en contra de Alberto Fernández. Esos distritos generan el 85% del producto interno bruto (PIB) de la Argentina. De ese núcleo saldrán  los mayores aportes de un ajuste que alcanzaría a 9.000 millones de dólares, según cálculos privados.

Un botón de muestra del traspaso de recursos al Estado: el ajuste equivale –al tipo de cambio oficial- a unos 570 mil millones de pesos, que supera en 120 mil millones el presupuesto de Córdoba para 2020 (451 mil millones).

Los trabajadores privados recibirán un aumento remunerativo de entre 5.000 y 8.000 pesos, a cuenta de paritarias. Los gremios nucleados en la CGT y la CTA olvidaron el reclamo de un aumento de 20 por ciento, a cambio de que el Gobierno les arregle la deuda de las obras sociales. El tema fue acordado en el cónclave que encabezó Santiago Cafiero.

La promesa de congelar precios quedó limitada a un pedido de Alberto Fernández a la industria de alimentos y a los supermercados para no tocar los valores por seis meses. “No somos formadores de precios, dependemos de lo que nos fijan las grandes industrias y los mayoristas”, se defendió Víctor Palpacelli, titular de los supermercadistas cordobeses.

Ganadores y perdedores, clase media y el campo

La clase media soportará un fuerte ajuste por el recargo del 30% en el dólar turista y para atesoramiento, que era su modo de preservar los ahorros contra la inflación. La tasa promedio de los bancos para inversiones menores ronda el 40%, que apenas cubriría la inflación de 2020.

La suba del Impuesto a los Bienes Personales y la insuficiente actualización de Ganancias supondrán otro golpe a esos bolsillos.

El consumo interno representa casi el 70% del PIB. El Gobierno apuesta a su recuperación. Pero la clave es la inversión, hoy 23,5% abajo de la de 2011.

Sin una solución amigable de la deuda externa, será difícil recuperar la inversión, que sí asegura un crecimiento sustentable, en el que ganan todos.