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Por Juan Turello. El decretazo de Alberto Fernández que dispuso transferir el 1,18% de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, revela una incapacidad de la dirigencia política, señala mi nota en La Voz.
La Constitución de 1994 establecía que desde 1996 debía regir un nuevo esquema de reparto de los impuestos. La Nación retiene en la actualidad casi el 50% de los recursos (distribución primaria) y distribuye el resto entre 24 jurisdicciones (distribución secundaria).
En 25 años, la política no pudo lograr un acuerdo sobre una ley de coparticipación. Pero, ¿cómo impactan los decretazos en la economía y en relación con el gobernador Juan Schiaretti?
A esa incapacidad, el presidente sumó una grave transgresión que no le permite el artículo 75, inciso 2, de la Constitución, que establece que la ley convenio “no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada, y deberá será aprobada por las provincias”.
La decisión de desconocer la Carta Magna fue respaldada por 19 gobernadores peronistas, obviamente necesitados de los fondos discrecionales que maneja la Presidencia.
El riesgo es que esa medida se convierta en un bumerán y que algún día golpee a los firmantes, como sucedió cuando Mauricio Macri decidió eliminar el IVA a los alimentos y afectó, por ende, la coparticipación.
¿Es lo que entrevió Juan Schiaretti que no firmó el documento? “No me consta” que haya sido consultado, adujo el titular de Finanzas, Osvaldo Giordano, que hundió el dedo en la llaga sobre la distribución primaria. Esa apropiación irrita a los gobernadores, aunque no lo digan en público.
Algunos analistas anticipan una puja entre las llamadas “provincias ricas” –ubicadas en la región pampeana- y las “provincias pobres”. España, Italia y Alemania son un espejo anticipado de esa disputa entre regiones, que alienta el separatismo y la disgregación.
La administración de Schiaretti ya sufre por los repartos discrecionales del presidente, que destinó 105 mil millones de pesos a la provincia que conduce Axel Kicillof. Es casi la mitad de los 212 mil millones que distribuyó en todo el país. Para Córdoba, el monto fue insignificante.
Es posible que el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta no sea resuelto por la actual Corte Suprema, sino por los integrantes que supuestamente se sumarán una vez aprobada la reforma judicial.
¿Schiaretti teme un recorte para la Caja de Jubilaciones en el Presupuesto 2021? Ese subsidio podría estar atado al apoyo a la reforma judicial, advierte el macrismo.
Córdoba también debería apelar a esa vía si la Nación no cumple el compromiso fiscal de subsidiar las cajas provinciales que no fueron transferidas a la Nación con la creación de las ex AFJP.
Los decretazos de Alberto Fernández podrían ser convalidados por una Corte afín al actual oficialismo.
El último decretazo y los anteriores sobre el Grupo Vicentin, luego anulado, y sobre las telecomunicaciones generan incertidumbre en los ámbitos empresarios.
La Bolsa de Comercio de Córdoba, la cámara desarrollista (Ceduc) y el colegio inmobiliario (CPI) fueron las primeras entidades en alertar sobre tales riesgos.
A nivel nacional, la preocupación alcanza a las principales asociaciones, incluida la Unión Industrial Argentina (UIA), la más afín a Alberto Fernández.
La intención de Martín Guzmán de mantener un diálogo directo con los principales empresarios y asociaciones tras el exitoso acuerdo por la deuda, fue frustrado por el kirchnerismo.
El jefe de Economía necesita de ellos para que la inversión sea uno de los motores para crecer 5,5% en 2021, como prevé el Presupuesto 2021. La inversión debería aumentar 18,5% en relación con este raquítico año.
Los proyectos privados no se desarrollarán ante lo que consideran un marco de “inseguridad jurídica” –por los mencionados decretazos- y porque las empresas no pueden fijar libremente el precio de sus productos. Sin precio, no hay cálculo posible de inversión ni de rentabilidad.
Mercado Libre dio marcha atrás con 10 mil posiciones en Córdoba y lo propio hizo Despegar.com con un edificio en el centro de la ciudad.
La inseguridad jurídica y la baja en los negocios alejan a las empresas: Mercado libre dio marcha atrás con 10 mil posiciones y Despegar.com no ocupará un edificio en el centro de la ciudad; Walmart y Falabella proyectan dejar el país.
Los manotazos políticos generan incertidumbre y desconfianza en la economía y profundizan la grieta política, que apenas 10 meses atrás el presidente prometía desterrar.