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Por Ramón Frediani (Economista). Las consecuencias económicas de los proyectos de reforma a la Justicia no pueden ser más negativas. Para las iniciativas debiera emplearse la definición «abolición de la independencia del Poder Judicial«, más que el demagógico…
… nombre de “democratización de la Justicia”, que les impuso la presidenta Cristina Kirchrner.
En el terreno económico, los proyectos generarán mayor inseguridad jurídica a los patrimonios privados, mayor politización partidaria de la Justicia y parcialidad de los jueces en las sentencias y los procedimientos , además de mayor indefensión de las libertades individuales.
Las consecuencias más previsibles serán:
■ Mayor fuga de capitales hacia el exterior.
■ Menos inversiones en la actividad privada.
■ Huida de ahorros hacia el dólar «blue», con la consiguiente suba de su precio en el mercado marginal.
■ Aumento del riesgo país, por la caída del precio de los bonos públicos dada la mayor inseguridad jurídica que preanuncian los proyectos.
■ Aceleración del retiro de los plazos fijos en dólares del sistema bancario, dado que se limita a sus titulares la posibilidad de realizar amparos ante eventuales futuros escenarios de confiscación de esos depósitos o ante su transformación compulsiva a pesos al tipo de cambio oficial, como ya ocurrió en el pasado (Plan Bonex).
■ Mayor demora en los juicios iniciados por medio millón de jubilados a la ANSES, quienes reclaman la actualización de sus haberes o su recálculo, por haber sido mal liquidados. Esto porque se crearía una instancia judicial adicional (Cámara de Casación) a las ya existentes y se restringiría a esas personas el uso de amparos para proteger sus patrimonios individuales.