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Por Claudio Fantini. Algo extraño está ocurriendo en Bolivia. Evo Morales y quien fue su vicepresidente, Alvaro García Linera, describen como un régimen de facto surgido de un golpe cívico-militar al gobierno que preside Jeanine Áñez Chávez. Pero el partido político que los tiene a ambos como máximos líderes, el Movimiento Al Socialismo (MAS), acaba de entregarle a ese poder fáctico una credencial de legitimidad. Repasemos.
Bolivia deambulaba en un laberinto oscuro, pero de manera inesperada un tenue resplandor empezó a vislumbrarse.
Su nudo gordiano estaba en la ilegitimidad de Jeanine Áñez como presidenta interina. Y curiosamente fue el partido de Evo Morales el que le ha dado la única legitimación válida con la que cuenta.
Hasta el acuerdo alcanzado en el Congreso para la realización de elecciones, al gobierno de Añez sólo lo había reconocido en el cargo el Tribunal Constitucional. El problema es que ese órgano que perdió credibilidad cuando autorizó a Evo Morales a desconocer el referéndum del 2016.
La salida del laberinto boliviano está en la realización de elecciones libres y transparentes.
La salida del laberinto boliviano está en la realización de elecciones libres y transparentes. Pero a esos comicios no podía convocarlos Áñez por decreto. La jefatura de Estado que ella ostenta no tiene legitimidad de origen. La línea sucesoria no pasa por la vicepresidencia del Senado, que era el cargo de Áñez.
Para tener legitimidad institucional, la presidencia interina debió quedar en manos de un titular del Senado que suplantase a la renunciante Adriana Salvatierra, con el apoyo de la mayoría de los miembros de esa cámara. Y el MAS es el partido que tiene la mayoría, tanto en la Cámara Alta como en Diputados.
Las otras variantes de línea sucesoria, para el caso de que el Senado no pueda votar para designar a sus autoridades, tampoco pasan por la vicepresidencia de ese cuerpo, que Jeanine Añez ocupaba con apenas el cuatro por ciento de los votos obtenidos.
Su designación como presidenta interina sólo pudo efectuarse al margen de la Constitución y porque así lo impusieron las fuerzas conservadoras de Santa Cruz y Potosí, que son las que se adueñaron de la caótica situación imperante tras el estropicio electoral cometido por el gobierno de Evo Morales. Ergo, el de Áñez es un gobierno de facto, políticamente sostenido por el líder cruceño Luis Camacho y por su aliado potosino Marco Pomari.
Quien ganase la presidencia en comicios convocados mediante un decreto promulgado por un gobierno sin legitimidad, encabezaría un gobierno también viciado de ilegitimidad.
Nadie esperaba que los legisladores del MAS dieran una carta de legitimación a Jeanine Áñez. Y ocurrió cuando el gobierno y el Congreso acordaron el proceso electoral.
El actual acuerdo electoral incluye la inhabilitación de Morales y García Linera para presentarse como candidatos. Fue negociado mientras el Ejército y la Policía reprimían ferozmente a los cocaleros de Cochabamba y a los manifestantes de El Alto que se levantaron en rebelión exigiendo la restitución de Evo Morales en el poder.
Una de las preguntas que sobrevuela Bolivia es por qué, a contramano de las bases que se declararon en resistencia contra el poder imperante, los senadores y diputados del MAS negociaron y acordaron con el poder representado por Áñez, otorgándole de ese modo una carta de legitimidad que no tenía.
¿Cedieron ante amenazas del poder fáctico que ostentan Camacho y Pomari? ¿Actuaron con la aprobación de los ex presidente y vice? ¿Los legisladores del MAS decidieron, por su propia cuenta, desligarse de sus dos máximos líderes?
Respuestas que aún se debe Bolivia, camino a elecciones.