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Por Juan Turello. La cuarentena por el coronavirus seguirá hasta el lunes 27, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo terminará el calvario para las personas enfermas o angustiadas por la pandemia. Tampoco hay certezas para miles de empresas comerciales e industriales que languidecen, tras años de esfuerzos por mantenerlas en pie, señala mi nota en La Voz.
Quizás el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán de Quirós, fue el más sincero: “La cuarentena durará tres meses”. Podría leerse así: es posible que recién en agosto o en septiembre, la Argentina deje atrás el encierro sanitario y la parálisis productiva.
La angustia por el presente y la incertidumbre por el futuro de la pandemia del coronavirus golpean la actividad. Jardineros, albañiles, changarines, tocan las puertas de las viviendas. “Nosotros vivimos en el día a día”, se excusan a la hora de ofrecer trabajo.
En las empresas, la situación es similar. “El Gobierno de Córdoba ayudó con los avales para los créditos Bancor y de otras entidades, pero es para una limitada cantidad de bancos. Hay micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que no pueden mostrar un flujo de caja, y ahí se traba todo”, relató Marcelo Uribarren.
En una videoconferencia, el titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) compartió ayer los dramas provinciales con sus pares de la central nacional (UIA). El rosario de quejas apunta a la falta de colaboración de los bancos y a la demora del Central en validar un fondo de garantía que –similar al que ofrece el Gobierno provincial- permitiría a las Pymes obtener créditos para sus obligaciones.
El problema es el día después. “Las empresas saldrán sin stock, sin ventas y endeudadas con los fiscos y con los bancos”, acota Uribarren.
Luis Lumello (Cámara de la Construcción) apunta que la idea de reactivar la obra pública sólo será posible si la Nación envía parte de los recursos que ya destinó la administración de Juan Schiaretti para obras cloacales en Capital, en Río Cuarto y en San Francisco, a cargo de Enohsa.
Lumello señala el “daño psicológico” que provoca en miles de operarios y empresarios la caída de la actividad. Hay casi 380 mil trabajadores registrados e informales afectados por la crisis en el Gran Córdoba.
Manuel Tagle (Bolsa de Comercio de Córdoba) completa la advertencia: “El Estado tiene el deber de ayudar a las empresas a mantenerse en pie o, de lo contrario, va a colapsar el sistema productivo, la cadena de pagos y toda la economía en cuestión de semanas o pocos meses”.
La popularidad de Alberto Fernández incluye demasiados “por ahora”, que podrían revertirse en caso de una fuerte caída de la economía.
El economista Gabriel Rubinstein, quien predijo la crisis de 2001, lanzó una de las pocas sugerencias innovadoras: que el Estado pague en forma directa los sueldos de los empleados de las empresas en crisis, con una quita del 30%, tanto en el sector público como privado. “Hay que salvar las empresas, si no, después de la pandemia, vamos a contar un número lamentable de muertos y un cierre de miles de Pymes”, señaló. Para la quita, puso como ejemplo lo realizado por Racing Club de Avellaneda.
Alberto Fernández no asumirá ese desafío por el compromiso que tiene con el sector gremial, que es uno de sus apoyos políticos, como el que buscó con el polémico Hugo Moyano. El otro respaldo reside en intendentes del conurbano bonaerense, donde se decide la apuesta sanitaria contra el coronavirus.
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El presidente no tiene un comité de expertos en economía, como sucede con el de infectólogos y sanitaristas para el coronavirus.
Los encuestadores admiten que la popularidad ganada por Alberto Fernández incluye demasiados “por ahora”, que podrían revertirse en caso de una fuerte caída de la economía.
El sector privado debe estar de pie el día después. Conviene recordar que los proyectos del colectivo estatista, que entusiasman a algunos exponentes del Frente de Todos, fracasaron en Rusia, en Cuba y hasta en China.