Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
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Por Claudio Fantini. La gravedad de lo que dijo Cristina Kirchner sobre el fallo de la Corte Suprema, está a la vista y se hace más visible si nos asomamos al golpe de Estado que se está perpetrando en El Salvador contra el Poder Judicial de ese país centroamericano. De qué se trata. Repasemos.
La vicepresidenta argentina insinuó que el fallo de la Corte a favor de la autonomía –por ende, de las clases presenciales- del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) constituía un ejemplo de la variante de golpe de Estado.
Los golpes de Estado han dominado el panorama político en Latinoamérica desde las últimas décadas del siglo 20.
En otras palabras, por estar en desacuerdo con la Corte, Cristina Kirchner la acusó de golpista.
El desquicio político es tan grande en la Argentina que ya se pierde noción sobre la gravedad de algunos pronunciamientos.
Una cosa es manifestar un desacuerdo con un fallo, pero otra -muy distinta- es acusar a los jueces que emitieron ese fallo de cometer un delito gravísimo.
La vicepresidenta acusó a los jueces supremos nada menos que de estar perpetrando un golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo.
El fallo puede ser discutible. Lo que no se puede discutir es que un pronunciamiento de esas características pueda ser considerado un crimen perpetrado deliberadamente contra las instituciones de la República.
Hacerlo, implica apuntar contra la Corte Suprema de una manera peligrosa.
El caso salvadoreño lo ilustra con claridad. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano había fallado contra medidas del gobierno de Nayib Bukele, dispuestas contra quienes violaban el distanciamiento social.
La reacción del presidente fue considerar esos fallos como un ataque de jueces pertenecientes al régimen anterior, o sea, por la dirigencia del sistema bipartidista, en el que el centroizquierdista FMLN y el derechista ARENA se alternaban en el poder.
Primero los acusó de atacar al gobierno elegido en las urnas y, a renglón seguido, tras conseguir mayoría legislativa en la última elección de Diputados, dispuso que el bloque oficialista destituyera a todos los miembros de la Sala Constitucional de la Corte, así como también al Fiscal General.
Por un fallo adverso, Bukele denunció golpismo de la Corte, para cometer «un golpe contra la Corte».
La reacción internacional fue inmediata: la OEA, la ONU, organizaciones como Human Rights Watch, la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris y Joseph Borrell, en nombre de la Unión Europea, calificaron lo que ocurre en El Salvador como un golpe a la división de poderes.
Quizá no sea más que una desmesura y nada más. Quizá la intención no sea lanzar una ofensiva contra la Corte, pero la gravedad de lo planteado por Cristina Kirchner hace flotar sobre Argentina el fantasma de un colapso institucional.