Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
Suscribite al canal de Los Turello.
Por Juan Turello. Alberto Fernández y su equipo festejaron el acuerdo por la deuda. La acertada decisión llevó tranquilidad a las provincias -Córdoba, por caso-, a los municipios y a los agentes económicos que deben refinanciar sus obligaciones externas, señala mi nota en La Voz. Pero hay desafíos importantes a los que debe responder el Gobierno nacional.
Un eventual default hubiera agravado aún más la situación social y económica de la Argentina, que soportará este año una de las caídas más profundas de su historia.
Está el acuerdo por los números: el valor presente neto de los futuros bonos será de 54,8 dólares por cada lámina canjeable de 100, muy por encima de la oferta inicial de 39 dólares. Por el canje habrá una reducción importante de intereses y mínima del capital, con un estiramiento de los plazos de pago.
La primera obligación fuerte será recién en 2025, luego de que concluya el actual mandato presidencial, mientras que los principales vencimientos operarán recién desde 2029.
Los tres grandes grupos de acreedores destacaron que el acuerdo, respaldado por 14 fondos de inversión, supone un alivio financiero de 37 mil millones de dólares, luego de que el país amplió su oferta inicial del 20 de abril -aquella del “tómalo o déjalo”- en 16.500 millones de dólares.
Resta aún el acuerdo por las cláusulas de acción colectiva (CAC), que establecen qué sucede si no se pagan los compromisos y cómo pueden accionar los acreedores. No es una negociación fácil.
La negociación con el FMI no será fácil. La deuda es por por 47 mil millones de dólares (capital + intereses) , tomada durante la gestión de Mauricio Macri.
El Gobierno espera encontrarse con un “nuevo FMI” a la hora de las exigencias, pero los técnicos del organismo siempre exigen que el país tenga un programa que genere los superávits necesarios para pagar los compromisos.
La cuestión previsional, para reducir los gastos del Estado, y la reforma laboral, para dar más competitividad a las exportaciones, siempre están en la agenda del Fondo, además de contar con un dólar competitivo, que en la Argentina impacta en los precios internos.
¿Cuáles serán las respuestas de Alberto Fernández y del ministro Martín Guzmán? Una primera señal será el aumento de combustibles y de tarifas que reclaman las empresas de servicios. El descongelamiento llegaría en septiembre, con la primavera.
Los desafíos que planteó ahora Alberto Fernández chocan con otros postulados en el Frente de Todos.
A poco de cerrar el acuerdo, el presidente anunció que sus objetivos son desendeudamiento, acumulación de reservas, dólar competitivo, equilibrio fiscal y superávit comercial.
Lea también: 2/8/20 | La deuda, y las 60 medidas
Cada paso en esa dirección encierra un gran desafío por la diversidad de opiniones que confluyen en el Frente de Todos, con aliados más propenso a las manifestaciones contra el FMI y a los eslóganes retóricos, que a enfrentar la solución de los problemas estructurales.
Ejemplos: el equilibrio fiscal, que sería la base de la estrategia oficial, requiere poner orden en un déficit fiscal que este año alcanzaría niveles desconocidos, luego del equilibrio logrado en 2019, a instancias de un fuerte recorte y una recesión.
El Gobierno justifica en abultado déficit en las necesidades de la pandemia, pero el centro de estudios Idesa reveló que sólo el 56% obedeció a gastos por el Covid-19, mientras que el 44% respondió a gastos corrientes (sueldos y otras actividades).
En pocas horas, Alberto Fernández anunció, además, erogaciones por 22 mil millones de pesos para obras públicas en cinco provincias y una cifra similar por pequeñas obras a ser ejecutadas en barrios vulnerables por trabajadores de la economía popular.
Desde la Cámara de la Construcción Delegación Córdoba consideraron que esa vía “va en dirección contraria” a la formalización del sector. La posición fue apoyada por los gremios Uocra Córdoba y Uecara interior.
Para mejorar el clima de negocios, Alberto Fernández deberá dar señales claras para otros deafíos: mostrar que la reforma judicial no está planteada para beneficiar a exfuncionarios kirchneristas y que no milita en el avance sobre la propiedad privada, como sucedió con “el proyecto Vicentin”, prohijado por grupos oficialistas.