Por Juan Turello. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei modificó más de 300 normas de todos los sectores económicos, pero su futuro es incierto. Aunque necesita ser validado por solo una de las dos Cámaras, hasta hoy recoge más rechazos de los legisladores, que voluntades a favor, señala mi nota en La Voz. Además de la batalla en el Congreso, ya hubo un juez federal que aceptó tratar una presentación de ONG y grupos gremiales para establecer su constitucionalidad.
¿Quiénes lideran la oposición?
La Asociación Bancaria y Camioneros ya saben que detrás del DNU se viene la revisión de Ganancias, que alcanzará a la mayoría de sus afiliados, con ingresos por encima del nuevo mínimo no imponible, que rondaría el millón de pesos.
No se trata sólo de pesos en el bolsillo: el proyecto apunta al corazón del poder gremial.
La libre elección entre la obra social sindical y una empresa de medicina prepaga es un golpe intolerable a la mayor caja del sindicalismo, que siempre logró subsidios de la Superintendencia de Seguro de Salud, manejada por funcionarios afines.
Los ingresos a las arcas gremiales también serán menores, ya que las futuras cuotas o aportes extraordinarios de afiliados o no sindicalizados deberán tener el consentimiento firmado del aportante.
Los gremios van a perder capacidad económica, además de haber resignado la calle a mano de movimientos sociales, que también controlan fondos multimillonarios.
El Gobierno nacional denunció que el Partido Obrero regentea planes por más de 5.400 millones de pesos.
El DNU supone, en el corto plazo, un golpe para la clase media, que formó parte de ese 24% que Milei logró sumar en la segunda vuelta.
Los cambios en alquileres y en la medicina prepaga supondrán, en el corto plazo, un aumento para miles de inquilinos y para usuarios del sistema de salud.
Las inmobiliarias calculan que el 40% de los departamentos en Córdoba se habían retirado del mercado, porque las dos leyes anteriores no satisfacían a los propietarios.
Los contratos se renovaban por períodos cortos, con condiciones similares ahora incluidas en el DNU.
La medicina prepaga aumentaría 40% la cuota de enero, aunque podría moderar las subas en el futuro si incrementan el número de afiliados vía ex aportantes a las obras sociales.
Más allá del respaldo popular con el que contaría Milei, según las últimas encuestas, sigue siendo incierto el respaldo al DNU en el Congreso.
La batalla judicial sobre el decreto ya se puso en marcha. Luego de un largo periplo por los tribunales, terminará en la Corte Suprema.
Las principales compañías nacionales y de capitales norteamericanos le dieron un fuerte apoyo, en contraposición a pequeños y medianos empresarios, quienes temen que la eliminación de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas los deje fuera de las grandes cadenas.
La incertidumbre sobre la validez de un cambio que atraviesa a todos los sectores paralizará en lo inmediato decisiones e inversiones, que el Gobierno necesita para volver a poner en marcha la rueda.