Por Claudio Fantini. Los ingleses usan el término enforcement para referirse a la capacidad de ejercer el poder. Cuando un gobierno carece de enforcement, su liderazgo sobre la sociedad decae y, con él, la capacidad de conducir y gravitar sobre la realidad. Pero el significado específico de la palabra refiere a la aplicación de la ley.

Si el ejercicio efectivo del poder trasgrede leyes, aunque el gobierno logre imponer su autoridad, incluso con el apoyo de la mayoría, lo que hay no es enforcement sino autoritarismo.

Éste es el límite que no pueden perder de vista ni el presidente Mauricio Macri,con sus decretos de necesidad y urgencia (DNU), ni el gobernador al que le toca enfrentar un Estado paralelo: Gerardo Morales.

Está claro que Milagro Sala encarna una versión actual de feudalismo. En aquel sistema de la Edad Media, el señor feudal daba al vasallo techo, trabajo y sustento a cambio de que él y su familia le pertenecieran. Por eso, a la víctima del vasallaje se lo llamaba siervo de la gleba, o sea siervo de la tierra que le daban para que viva y se alimente a cambio de su libertad.

Ese tipo de pertenencia vincula a decenas de miles de familias jujeñas que tienen casa, trabajo o educación en ese feudo populista llamado Tupac Amaru.

Estaba claro que Eduardo Fellner no pudo gobernar efectivamente Jujuy porque se le superponía el inmenso poder de Milagro Sala. La Justicia de esa provincia le concedió, de hecho, impunidad en muchas ocasiones. La peor fue el asesinato de un joven militante de Cambiemos, baleado mientras repartía panfletos partidarios, siendo que estudiaba en una escuela de la organización Tupac Amaru.

Estaba claro también que ese inmenso y arbitrario poder paraestatal generó el miedo y hastío que otorgó a Cambiemos una victoria abrumadora en las urnas. Y resulta evidente que poner fin a ese poderío irregular y prepotente, es una condición sine qua non para que el actual gobierno pueda tener enforcement.

Mostrar voluntad de poder es absolutamente necesario para Gerardo Morales. Y lo hizo. La duda es que la forma se haya atenido totalmente a derecho.

La detención de Milagro Sala por ocupar espacios públicos parece, de por sí, una negligencia. En definitiva, aunque legalmente correspondiere, por la misma razón debieron ser apresados centenares de dirigentes ruralistas que cortaron rutas durante la batalla contra el gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones a la soja.

Seguramente, un trabajo más pormenorizado de la Justicia que ordenó la detención, habría dado motivos más contundentes y menos cuestionables para apresar a la dirigente que ya había empezado a torpedear al nuevo gobierno jujeño.

Morales tenía que demostrar enforcement”, pero si hubo negligencia y traspuso límites legales, lo que mostrará es un autoritarismo que victimizará y, por ende, fortalecerá al Estado paralelo que debe colocar bajo el imperio de la Ley.

Redacción Turello.com.ar

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