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El Gobierno de Cristina Kirchner recurrirá en forma directa a la Corte Suprema de Justicia, aplicando la reciente ley de «per saltum», para intentar que se deje sin efecto la medida a favor del Grupo Clarín, que ayer dictó la Cámara Civil y Comercial de la Capital Federal.
Por lo pronto, el principal grupo de medios no estará sujeto al cumplimiento de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que lo hubieran obligado a desinvertir en algunas de sus propiedades. El kirchnerismo pretendía, básicamente, que Canal 13 -en Córdoba controla Canal Doce– redujera el número de emisoras en el interior y desmembrar Cablevisión, el principal operador de cable del país. El oficialismo los acusó de llevar adelante «una cadena del desánimo» al difundir otro enfoque del relato oficial.
El fallo no sólo enfureció al cristinismo y despertó el festejo de la oposición, sino que -en lo general para la sociedad- deja sin 7D (7 de diciembre) al Gobierno y sus aliados, que pretendían relanzar la alicaída gestión oficial a partir del desmembramiento del grupo que más refleja a la oposición e investiga los actos oficiales.
«El ataque fue muy burdo», dijo un constitucionalista cordobés acostumbrado a llevar sus planteos ante la Corte Suprema, y conocedor de los «humores» de los jueces. «La celeridad con que se resuelven estos casos tiene mucho que ver con el maltrato y los ataques de las partes actoras, por lo que a veces se producen situaciones como ésta», dijo el letrado. El ministro de Justicia, Julio Alak, y otros exponentes K habían advertido de un «golpe institucional» por parte de la Justicia, lo que -a todas luces- aparecía como exagerado.
El fallo lleva la firma de los magistrados Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, quien había sido denunciado por el kirchnerismo ante la Justicia.