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Por Claudio Fantini. Dilma Rousseff asumió su segundo mandato y le planteó a Cristina Kirchner y a Nicolás Maduro, un desafío importante y crucial: se comprometió a efectuar un ajuste para bajar el gasto público y reducir la inflación, sin que afecte los planes sociales.
Para eso nombró al frente del Ministerio de Hacienda a Joachim Levy, un economista y ex banquero claramente identificado con la disciplina fiscal. De tal modo, los siguientes cuatro años demostrarán si cumple o no con el doble desafío.
No cumpliría si no efectuara el ajuste que prometió al asumir, o si el ajuste aplicado implicara recortes en los programas sociales y afectara al crecimiento y a las capas bajas de la sociedad.
Si la presidenta de Brasil cumpliera cabalmente con lo prometido dejaría mal parados a sus pares de Argentina y Venezuela. Sucede que el discurso del kirchnerismo y del chavismo afirma que todo ajuste es enemigo del crecimiento económico y de la redistribución de riqueza a favor de los más pobres.
❝Si Dilma cumple con el ajuste prometido (sin afectar los planes sociales) dejaría mal parados a sus pares de Argentina y Venuezuela❞.
En rigor, tanto el chavismo como el kirchnerismo no han distribuido riqueza, sino la renta. Amén de ese detalle, lo claro es que el plan anunciado por Rousseff, de tener éxito, desmentiría una premisa que kirchnerismo y chavismo convirtieron en dogma.
Los gobiernos de Argentina y Venezuela colocan el gasto público como motor fundamental de la economía, al punto de considerar que el crecimiento de ambos son directamente proporcionales.
En cambio, la mandataria brasileña -que inició el 1° de enero su segundo mandato- sostiene que, para recuperar el crecimiento de la economía y mantener las políticas sociales, salvando además los ingresos de las capas bajas al preservarlos de la inflación, es necesario el ajuste económico que preserve al Estado de todo gasto que no sea imprescindible para su funcionamiento y para financiar el objetivo social planteado.
No haría falta que a Brasil le vaya bien para demostrar que la disciplina fiscal no está necesariamente en contraposición al crecimiento y a la equidad social, sino que incluso es necesaria para alcanzar ambas metas de manera sustentable y sostenible.
Evo Morales lo está demostrando en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Desde el primer día de su primer gestión presidencial, Evo Morales mantiene al frente de la economía boliviana a Luis Alberto Arce, un lúcido economista que supo sostener los superávits en las cuentas públicas y, desde la solidez fiscal, apuntalar el ascenso de los más pobres sin que el aumento en sus ingresos termine cayendo en el agujero negro de la inflación.
También el presidente ecuatoriano, que es un sólido economista, supo mantener los superávits gemelos, de cuya importancia era consciente Néstor Kirchner y mantuvo hasta que despistó, tras perder la pulseada por la Resolución 125, iniciando el camino hacia la deriva económica actual.
Tras la reelección, al anunciar la “sintonía fina”, su viuda insinuó un giro como el proclamado de manera contundente por Dilma Rousseff, pero terminó siendo uno más de los tantos anuncios que quedan en la nada. ■