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Por Juan Turello. Ya se sabe que la ingenuidad política es un escudo a prueba de balas del macrismo. El papelón por el 24-M, el confuso esquema de Precios Transparentes, el acuerdo por la deuda del Correo con Franco Macri y el cambio por decreto del aumento a los jubilados son perlas de un largo rosario de errores, cuyo símbolo más distintivo es la falta de una comunicación clara y transparente. En todos los casos, el Gobierno dió marcha atrás, señala mi nota en La Voz.
Marcos Peña y su equipo tendrían que saber que el 40% de la población carece de una conexión directa a Internet, por lo que los hechos transmitidos vía Facebook e Instagram son insuficientes.
Además, los errores no forzados en política alientan a la oposición, en especial al kirchnerismo, cuyas críticas parecen olvidar la realidad que se vivía tan solo casi 15 meses atrás.
Un botón de muestra: los ex funcionarios de Cristina Kirchner se quejan de que no se aplicó una actualización de la deuda de la empresa de Franco Macri, cuando ese sector negaba la inflación (la ex presidenta no incluyó esa palabra en los discursos oficiales), a la vez que mantuvo las reglas de la convertibilidad –sancionada por Domingo Cavallo- que establecían que los balances y contratos no se podían actualizarse por inflación. Había que acudir a la Justicia para aplicar el ajuste por inflación. Hoy, el discurso es otro. Increíble.
Más allá de las ideas y vueltas de la política, la gente se pregunta cuándo va a reaccionar la economía. Para la sociedad, ese interrogante tiene implícito el tema de cuándo se va a recuperar el consumo.
Difícil. Las consultoras prevén una mejora de entre 2-3% para este año. Esta mejora no alcanzará para recuperar la pérdida registrada en 2016: las ventas por unidad de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza cayeron 4,7% , según la medición de CCR.
El empleo formal para los sectores medios no se recuperará al ritmo esperado porque las inversiones privadas tardan en concretarse. Los “brotes verdes” están en el campo y en la obra pública.
La puerta de ingreso al empleo público se cerró en el Estado nacional y en la mayoría de las administraciones. En el período 2012-16 se creó un puesto privado por cada cuatro en el sector público, recordó el centro de estudios Idesa.
Los gremios han acumulado la convicción de que la gestión de Mauricio Macri quiere una baja del salario real para darle competitividad a la economía. De allí, la meta del 18%, que rápidamente copiaron provincias y municipios.
“Para el proyecto de Macri es intolerable el 24,5% que pretende la Bancaria; sería una cifra testigo que se reproduciría en otros acuerdos”, dicen en el gremio que lanzó una dura medida: paro por 72 horas. Los bancos, aun los extranjeros, están dispuestos a pagar ese incremento, que luego recuperarán en comisiones y otros cargos a sus clientes. Los bancarios se quejan de que no usan sus exorbitantes ganancias del financiamiento al consumo (tarjetas) o de las colocaciones en bonos del Estado.
Los impuestos provinciales y municipales registran incrementos de entre 35 y 40%, es decir, duplican la cifra que el Gobierno intenta imponer en los acuerdos salariales.
En definitiva, es el cliente bancario o el contribuyente el que paga los sobrecostos que tiene la economía. Difícil solucionarlo en un año electoral. Así, la recuperación del consumo será tibia.
¿Habrá que esperar a después de octubre?