Por Juan Fernando Scabon, del IIE de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Uno de los temas más discutidos actualmente es la política agropecuaria, con mucho énfasis en los impuestos a la exportación de granos (derechos de exportación), llamados comúnmente retenciones.

Una baja en las retenciones alentaría la actividad, sin pérdidas significativas para el fisco | Imagen: iProfesional.

Las retenciones son un impuesto de fácil recaudación y reducida posibilidad de evasión. El argumento que se usa para defender su aplicación es que actúa como un mecanismo de estabilización de precios, de redistribución del ingreso y para extraer parte de las “ganancias extraordinarias” generadas en el sector gracias a la devaluación.

Sin embargo, si se analizan los cultivos de soja y maíz para un campo del sur provincial podemos ver que con el nivel de retenciones vigentes, los márgenes brutos son de alrededor de 200 dólares por hectárea para la soja y nulos para el maíz. Si se les descuenta el valor del alquiler de los campos, los resultados son negativos en ambos casos.

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La controversia es que, dado el atraso cambiario y la caída en los precios internacionales, hoy las retenciones han perdido su justificación teórica.

Una restructuración impositiva que consistiera en la eliminación de las retenciones al maíz y al trigo y una baja de 10 puntos porcentuales de las retenciones al complejo sojero, impactaría tanto en los productores como en el fisco. Sin embargo, ese cambio es viable y sobre todo positivo.

En el caso del productor de soja, obtendría márgenes hasta 37% superior y hasta permitiría obtener rentabilidad positiva en campos de terceros. Para el maíz, en cambio, si bien se obtendría un margen positivo en campos propios, la ecuación económica en promedio seguiría siendo deficitaria en tierras arrendadas.

Ahora, analicemos la situación del Estado. La recaudación por derechos de exportación alcanzó los 84.088 millones de pesos en 2014. De ese total, el 58% corresponde a retenciones al complejo sojero y solo 8,1% al cerealero, es decir, lo que el Estado dejaría de percibir en concepto de retenciones serían unos 22.400 millones de pesos. Sin embargo, parte de esa trasferencia de ingresos -al ser usada para consumo o inversión- volvería al fisco como impuestos, disminuyendo la transferencia neta.

Si se readecua el sistema impositivo para la exportación y, adicionalmente, se eliminan los controles para exportar, el Tesoro necesitaría reemplazar con otros ingresos o reducir sus gastos sólo en unos 13.200 millones de pesos. En términos absolutos equivaldría a lo que el Estado destinó a Aerolíneas Argentinas en los últimos dos años.

De tal modo, queda en evidencia que modificar las retenciones es más una cuestión política que financiera.

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