Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
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Por Claudio Fantini. Todo mal. La decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral –de anular la candidatura presidencial de Lula– oscurece la situación política de Brasil y agrava aún más la complicación que presenta la competencia electoral para los comicios del 7 de octubre. Está prevista una segunda vuelta en caso de que ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos.
La forma en que los jueces electorales rechazaron la candidatura presidencial de Lula da Silva, agigantó la sensación de que existe un ensañamiento institucional contra el líder del Partido de los Trabajadores. Dicho de otro modo, quienes controlan las instituciones se han confabulado para impedir -por todos los medios- que el ex presidente pueda competir en los comicios de octubre.
Esa sensación creció porque detrás de la votación del viernes se vio claramente la presión del gobierno que encabeza Michel Temer. Sucede que el debate debió durar muchas más horas de las que duró. Lo que debía discutirse durante varios días, se discutió en tiempo récord y se definió con una votación realizada a las apuradas.
Los jueces electorales, en particular Rosa Weber, dejaron a la vista las presiones del Planalto y otras instancias de la Justicia brasileña. Tenían que liquidar la candidatura de Lula antes de que, este lunes, el ex presidente iniciara la difusión de sus spots de campaña, como los otros candidatos.
Si estando preso, sin aparecer en entrevistas ni encabezando actos electorales, Lula está al frente de todas las encuestas para la primera vuelta electoral del 7 de octubre, está claro que con el inicio este lunes de la campaña televisiva, su respaldo no podía más que crecer en las encuestas.
La no postulación de Lula surge de la Ley de Foja Limpia, que él impulsó y por la cual no puede ser candidato un dirigente que ha sido condenado en segunda instancia.
El problema es que esas condenas dejaron tantas o más dudas que el estropicio parlamentario que destituyó con un juicio político a Dilma Rousseff. A lo que hay que sumar el reciente pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reclamó a la Justicia brasileña que se permita a Lula ser candidato.
Siendo Brasil uno de los países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el pronunciamiento de la ONU debió tener otra consideración en el Tribunal Superior Electoral. Como obviamente no la tuvo, el resultado no puede ser otro que el crecimiento de la sensación de que Lula está siendo proscripto por una elite cuyos candidatos a presidente exhiben ínfimos respaldos en las encuestas.
Sin dudas, el Lava Jato es un proceso con potencialidad purificadora en un país adicto a la corrupción político-empresarial. Pero el ensañamiento judicial con Lula parece una contraindicación con efectos negativos potencialmente devastadores para la democracia del gigante sudamericano.