Por Claudio Fantini. Las verdaderas comunidades mapuches y sus organizaciones oficiales no apoyan ni tienen nada que ver con los grupos violentos que perpretran atentados. El que no tiene en claro cómo actuar en esta situación, es el Gobierno nacional, que se expresa sobre la situación como si la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que es una organización separatista y violenta, fuera representativa del pueblo indígena.

No actuar ante los atentados incendiarios es violar los deberes constitucionales para con la población, la propiedad y la integridad territorial.

Un estropicio que algunas voces del oficialismo justifican con argumentaciones ideológicas e históricas.

Los delirios del Gobierno sobre la cuestión mapuche no implica que los todos los críticos del Gobierno estén actuando responsablemente.

La forma de abordar el tema está generando una estigmatización de las comunidades mapuches, porque se confunde al todo con una parte que es ínfima y carece de representatividad

El ejemplo de Chile

En Chile, el Estado está enfrentando la violencia en las regiones de Biobío y Araucanía con un elemento a su favor: desde las leyes sobre territorios y patrimonio cultural indígena, que el Congreso dictó en 1993, en los comienzos de la transición democrática.

En esa legislación se reconoce que “los indígenas de Chile son descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos; que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”.

Establece también que “el deber de la sociedad en general y del Estado en particular es a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas…y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”.

La existencia de esa legislación da legitimidad al uso de la fuerza por parte del Estado chileno para enfrentar a agrupaciones que actúan rompiendo ese marco jurídico.

Mapuches, la falla en Argentina

La cuestión mapuche debe ser abordada por el Congreso argentino, donde ni oficialismo ni oposición lo colocan en la agenda.

La comunidad mapuche se originó en Chile, donde resistieron y lograron detener la expansión del Imperio Inca, primero, y a los conquistadores españoles, después.

En la Argentina no existe una legislación similar a la de Chile, que está muy por delante en el tema de pueblos indígenas.

La resistencia mapuche recién pudo ser doblegada en la segunda mitad del siglo XIX el ejército del flamante Estado independiente.

Pero mantuvieron la identidad cultural, la presencia en las regiones de Biobío y Araucanía, y reclamaron a lo largo de todo el siglo XX contra las empresas forestales y demás actividades que dañan el ecosistema.

En el lado argentino, donde los mapuches llegaron después del tiempo de la conquista, todo está por hacerse en materia de legislación.

Pero eso no justifica que la administración de Alberto Fernández no cumpla con sus deberes constitucionales en todo el territorio.

Tampoco se justifica que el oficialismo y la oposición estén utilizando la cuestión como instrumento político y electoral, en lugar de iniciar en el Congreso la tarea legislativa que Chile realizó durante la presidencia de Patricio Aylwin.

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Claudio Fantini

Politólogo y periodista. Analista político en medios argentinos y del exterior. Profesor y mentor de Ciencia Política en la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21). Autor de varios libros, el último de los cuales es la La Gravedad del Silencio.