La Corte Suprema de Justicia dio indicios que podría pronunciarse antes del 22 de junio -fecha de cierre para la presentación de candidatos- en torno a la constitucionalidad o no de la elección directa del Consejo de la Magistratura.
Esto tiene que ver con el hecho de que, además de los candidatos a diputados nacionales, en las elecciones del 11 de agosto próximo habrá que optar también por 12 postulantes al Consejo de la Magistratura que cada partido presentará luego en las elecciones generales del 27 de octubre.
Es el resultado de la promulgación automática de la ley 26.855, el viernes 24/05, que estableció un nuevo ordenamiento del cuerpo, que debe elegir y sancionar a jueces y fiscales.
La oposición política impugnó la norma por «inconstitucional», y auguró que podría ir con lista única para enfrentar al kirchnerismo. A los partidos se sumaron entidades profesionales y particulares, por lo que se calcula que en total ya se efectuaron un centenar de presentaciones ante la Justicia impugnando la ley. Tras los fallos de primera instancia, vía el per saltum, las apelaciones llegarían a la Corte, que se pronunciaría de inmediato.
La forma de elección de los 12 consejeros fue establecida por un decreto reglamentario que firmó la presidenta Cristina Kirchner: 12 consejeros serán elegidos en base a la postulación de 6 académicos o científicos; 3 irán por los jueces y 3, por los abogados, al tiempo que deberá respetarse el cupo femenino (un tercio de los postulantes).
¿Qué hará la oposición?
La norma general no fue promulgada por Cristina Kirchner para evitar críticas en relación a la postura en contrario que había sostenido en 2006, cuando se sancionó la norma que regía hasta ahora, y que ella alentó y defendió.
El kirchnerismo afirma que pretende «oxigenar» el actual cuerpo con personas ajenas al Poder Judicial para imponer criterios por encima de lo que califica «la corporación (o familia) judicial».
La oposición política, los colegios de abogados y particulares en general rechazaron la nueva ley y la convocatoria a elecciones, tras presentar decenas de amparos en tribunales de todo el país por considerar «inconstitucional» la composición del Consejo de la Magistratura, la elección directa de sus miembros en boletas partidarias y la afectación de otros derechos constitucionales.
En Córdoba, las actuaciones más destacadas antes los tribunales federales estuvieron a cargo del abogado Martín Carranza Torres (lanzó una convocatoria por Facebook y logró en pocas horas casi 12 mil adhesiones contra la norma), que invocó la violación de derechos colectivos; por el Colegio de Abogados de Córdoba y por Félix López Amaya, ex fiscal de Estado de la Provincia, en representación de la entidad profesional y a título personal.
Otras de las impugnaciones estuvo a cargo del Frente Cívico y Social (Luis Juez) ante la Justicia Electoral, ya que la nueva norma dejaría a este partido sin posibilidad de presentar candidatos.
Para el Consejo de la Magistratura sólo podrán presentar candidatos únicamente los que tengan representación en al menos 18 de los 24 distritos electorales (artículo 33). Sólo el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical (UCR) y, quizás, el peronismo disidente puedan cumplir con ese requisito. El resto de las fuerzas políticas -es el caso del FCyS- quedará afuera.