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Por Juan Turello. Argentina vive un torbellino en su agenda política, económica y social, luego de que Alberto Fernández y el kirchnerismo decidieron cambiar el foco puesto en el ajuste sobre las jubilaciones, los salarios, la clase media y los sectores productivos.
En pocas horas, el país se sumergió en el debate sobre del “impuesto a la riqueza”, el cambio en la movilidad jubilatoria y sobre la legalización del aborto, un tema que atraviesa a todos los sectores y que agudiza la división de la sociedad.
Aborto e impuesto a la riqueza. El proyecto de ley para despenalizar el aborto fue enviado al Congreso por el Presidente en momentos en que la Cámara de Diputados se sumergía en un fuerte debate sobre “el impuesto a la riqueza”.
El oficialismo anunció que su recaudación -que presume por alrededor de los 300 millones de pesos- se destinará a cubrir una especie de IFE 4. El ministro de Economía, Martín Guzmán, había anunciado: “No es momento para un IFE 4”, que despertó la reacción del kirchnerismo y de los movimientos sociales que temen un diciembre violento.
El banquero Jorge Brito -al frente de la mayor entidad de capitales nacionales y aliado de Sergio Massa-, el campo, la industria metalúrgica y las pequeñas y medianas empresas rechazaron el tributo. Sucede que el proyecto incluye -dentro del patrimonio alcanzable por el impuesto- a la tenencia de acciones de las PyME y hasta de los equipos de producción en una fábrica y en el campo.
El anuncio de Alberto Fernández sobre el aborto fue señalado como un intento de “cambiar la agenda” del debate por el impuesto y sobre el ajuste en los sectores de ingresos fijos.
El tema del aborto divide a la sociedad y fue rechazado por el Senado durante la gestión de Mauricio Macri, el 9 de agosto de 2018. Ahora, existe una paridad de votos en ambas Cámaras, pero en especial entre los senadores.
Las iglesias Católica y Evangélica rechazan este proyecto. Fueron los sectores que impulsaron las grandes manifestaciones llamadas “las dos vidas”.
El kirchnerismo y sectores de izquierda apoyan la iniciativa, que se complementa con otra -identificada como la de “los mil días”- para proteger a la mamá gestante y al bebé en sus tres primeros años de vida.
Jubilados. El cambio de la movilidad jubilatoria es el trago más amargo. El oficialismo decidió aplicar una fórmula que surge de promedio simple del 50% de los salarios en blanco y del 50% de los aportes a la seguridad social. No tiene en cuenta la inflación, cuando se proyecta una suba de los precios de 50% en 2021.
La fórmula aplicada por Macri -luego de los graves disturbios y toneladas de piedras arrojadas al Congreso en 2017- preveía 75% de la inflación y el resto de los aumentos salariales.
Expertos en el tema previsional advierten que en 2019 las jubilaciones hubieran perdido 11% frente a la fórmula de Macri si se hubiera aplicado el esquema que ahora propone el Gobierno. Este año, las jubilaciones mínimas tuvieron un aumento mayor que el resto de los beneficios por aplicación de aumentos discrecionales resueltos por el Poder Ejecutivo.
Salarios. El salario real cae este año 6% frente al inflación, por parte de quienes mantuvieron su empleo y tuvieron mejoras salariales. La Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que en agosto último se perdieron 24 mil puestos en el sector fabril en comparación con igual mes de 2019. El ajuste en el campo laboral es visible.
Dólar. Guzmán decidió asumir personalmente el desafío de bajar la cotización del billete verde, luego de que el 23 de octubre el dólar blue rozó los 200 pesos y finalizó a 195 pesos. La alerta roja significó el fracaso del supercepo ideado por Martín Pesce del Banco Central, quien podría ser reemplazado por Martín Redrado, quien -al parecer- se reconcilió con Cristina Kirchner.
Para bajar la fiebre, Guzmán emitió 750 millones de dólares en bonos que se podían comprar con otros bonos en pesos; decidió vender títulos que poseían el Banco Central y la ANSES, además de otras medidas. Sin embargo, la temperatura no bajó y las reservas líquidas siguen siendo escasas en el ente monetario.
El Gobierno quiere evitar la devaluación, que profundizará la crisis económica y aumentaría la pobreza, pero aún debe recuperar la confianza de los ahorristas que optan por el dólar.
El ministro de Economía decidió evitar la emisión de más billetes, anunció que cancelará los compromisos del Tesoro con el Banco Central, y aceptó que las jubilaciones y los salarios públicos pierdan frente a la inflación, además de restringir la ayuda a las empresas a través del programa ATP.
Además, anticipó el descongelamiento de las tarifas de los servicios de luz, gas y telecomunicaciones desde 2021. El ajuste en este terreno ya comenzó con la suba de la tarifa del subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires y del aumento de los peajes en las rutas bonaerenses.
En Córdoba, la FETAP dijo que el boleto del transporte urbano debería pasar de los 31,95 pesos en la actualidad a 50 pesos.
Ciertos sectores del Frente de Todos -encabezados por el kirchnerismo- rechazan un ajuste ante el decisivo año electoral 2021. Una derrota en la elección legislativa fortalecería a la oposición, que estaría en condiciones de pelear la Presidencia en 2023.
En medio de este delicado panorama económico, el Gobierno decidió cambiar la agenda y poner a la Argentina frente a un torbellino de temas que hacen al futuro económico y a su organización social.
Pero, no siempre es posible controlar el desarrollo de las tormentas.