De la Sota cumplió un intenso rally durante la semana (intendentes, partidos de la oposición, sectores sociales) para cerrar eventuales frentes de conflicto. Ayer, el gobernador anunció suba promedio de 31,6% a los estatales.

Sin embargo y pese que logró un amplio apoyo en la Legislatura a la ley antimotines, aún queda por resolver la liquidación del aumento a la Policía. El grueso del incremento debe pagarse con los salarios de febrero. “Veremos cuándo haya que efectuar la liquidación”, dijo anoche el ministro de Administración, Manuel Calvo, sin dar más pistas.

El gobernador ya había expresado su preocupación por eventuales protestas de los efectivos policiales. Lo hizo ante los sectores empresariales de Córdoba, el viernes 14 de febrero último, cuando dialogó con representantes de la industria y el comercio.

El temor es que la forma en que se liquide el incremento otorgado despierte reacciones en las fuerzas de seguridad (Policía y Servicio Penitenciario). La ley Antimotines prevé la expulsión del uniformado ante «conductas de insubordinación, abandono del servicio y/o ante reclamos de manera tumultuosa u hostil».

De la Sota habla, mientras escuchan Monserrat y Pihen / Crédito: Prensa Gobierno de Córdoba

 Buenas y malas

El acuerdo logrado con los estatales es un modelo de “diálogo y convivencia”, destacó De la Sota al presentar la paritaria.

• El aumento del 31,6% en promedio lo percibirán 107 mil agentes públicos (65 mil docentes públicos, 15 mil del sector privado y 27 mil agentes del escalafón general y salud).
• Supone una mejora promedio por empleado (incluidos los 80 mil docentes) de $ 1.400 para febrero.
• Sueldos testigos: maestra de grado sin antigüedad, $ 5.316, febrero; $ 5.756, agosto (33,4%); servicios generales 1, sin antigüedad: $ 5.150, febrero; $ 5.458, agosto (31,5%); administrativo categoría 1, con 11 años de antigüedad, $ 6.599, febrero; $ 7.232, agosto (32,9%); enfermera auxiliar, sin antigüedad, $ 7.009, febrero; $ 7.379, agosto (31%); médico sin antigüedad, $ 9.007, febrero; $ 9.366, agosto (33,2%).
• El incremento tendrá un costo fiscal extra de $ 3.500 millones, además de los $ 3.000 millones ya presupuestados.
• El acuerdo será revisado en septiembre y tendrá una actualización si los precios (IPCnu) superan la pauta acordada.

Los dirigentes sindicales Juan Monserrat (UEPC) y José Pihen (SEP) admitieron que el acuerdo es “aceptable” dentro de un contexto de “incertidumbre”, y cuando desde el sector empresario se intenta “pisar” el aumento salarial. Los maestros advirtieron que, pese al aumento, si CTERA lo dispone, pararán los días 5 y 6 de marzo, en apoyo a los docentes nacionales.