Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
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Por Juan Turello. El equipo de Alberto Fernández logró una exitosa negociación de la deuda externa, que cierra la puerta a futuros reclamos judiciales por parte de los que no aceptaron el canje. Con una mínima quita y una sustancial reducción de intereses, la mayor parte de la deuda deberá ser pagada por los futuros gobiernos. El cierre del tramo externo genera expectativas favorables, aunque quedan muchos desafíos por delante señala mi nota en La Voz. Las señales negativas: reforma judicial y decreto sobre las telecomunicaciones.
En la semana, hubo dos datos que opacaron ese anuncio. Uno, la decisión de avanzar en una controvertida reforma judicial, que conlleva el objetivo implícito de lograr la impunidad de Cristina Kirchner en las causas por corrupción. La creación de más de 1.300 cargos es una insensatez costosísima. El otro, está vinculado con la intervención estatal en el sector de las telecomunicaciones.
El control de las tarifas pondrá en riesgo millonarias inversiones que necesita el país en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Hoy, los servicios de internet y de telefonía son claves en el desarrollo económico. Si el precio lo va a fijar el Estado, ninguna inversión puede realizarse con un cálculo básico sujeto al arbitrio de los funcionarios y no al riesgo de la competencia.
Los principales hombres del presidente no cejan en su intento de generar expectativas favorables sobre la economía, que sigue deprimida.
El canciller Felipe Solá pidió “exportar más”, pocas horas después de que se conociera una caída de 16,3% en julio. Las importaciones retrocedieron 30% por la menor actividad y las restricciones al dólar. Numerosos ítems exportables deben pagar retenciones. El discurso oficial no cierra.
“Es el síntoma de algo negativo; la crisis es mayor en la Argentina que en el resto del mundo”, señaló la consultora Ecolatina, dirigida meses atrás por Marco Lavagna, hoy titular del Indec.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, insiste en una alianza de todos los sectores productivos para alentar la inversión, que genere puestos de calidad. Todos los meses son abrumadores los datos sobre la caída del empleo formal y el cierre de miles de negocios, en especial los pequeños y medianos comercios.
Una de las marroquinerías más tradicionales de la ciudad de Córdoba decidió bajar sus persianas luego de 74 años de actividad. “La gente mayor no viene al centro por temor al contagio y, además, no hay capacidad de consumo”, explicó el integrante de la tercera generación de inmigrantes húngaros.
En el trimestre marzo-mayo se perdieron 148.991 empleos formales. En todo 2019, la caída alcanzó a 151.547 posiciones, según los aportes previsionales que registra el Sipa.
La preocupación por la economía ya supera a la del contagio del coronavirus, según las principales encuestas de opinión.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que la actividad “empieza a repuntar en tiempo récord”. El índice general de actividad (IGA) de Orlando Ferreres -uno de los más respetados- echó por tierra el entusiasmo oficial.
La recuperación en mayo y en junio en relación con el mes precedente se detuvo en julio. La medición desestacionalizada mostró una baja de 0,5%respecto de junio. En siete meses, la caída es de 10,1% en relación con igual período de 2019.
La producción de alimentos y bebidas se retrajo 5,6% en siete meses y 15,9% en la medición interanual. En palabras simples: la sociedad está consumiendo menos alimentos.
Uno de los actores más dinámicos acusa el impacto de la sequía en Córdoba. El 45%de los lotes de trigo implantados en 1,2 millones de hectáreas se encuentra entre regular y malo; en el garbanzo, el 32 por ciento, según el informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba.
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El Gobierno prepara un paquete de medidas que, adelantan, mejorará el consumo de la clase media. Al mismo tiempo, prepara un ajuste en los impuestos.
El reclamo de la sociedad es bajar la presión tributaria, pero allí entra a jugar el objetivo de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que el peronismo denostó con multitudinarias marchas durante la gestión de Mauricio Macri.
No hay nada más contradictorio entre las expectativas que pretenden generar los hombres del presidente con la dura realidad que afrontan millones de argentinos.