Por Claudio Fantini. Con Patricia Bullrich a la cabeza, el Gobierno repite un error: partir de considerar verdadera la versión de una fuerza de seguridad del Estado, sobre una situación en la que mató a una persona. El joven mapuche muerto por una bala disparada por la Prefectura, presentaba la oportunidad de corregir el error de la ministra de Seguridad en el “caso Maldonado”.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, junto al titular de Justicia, respaldó la acción de Prefectura | Foto: Presidencia

Que las autopsias realizadas por expertos forenses hayan probado la falsedad de la versión que sostuvieron los activistas del Pu Lof y abrazaron con fanatismo el kirchnerismo, las izquierdas y algunos organismos de Derechos Humanos, no dan la razón a la ministra de Seguridad.

Que Santiago Maldonado haya muerto ahogado y no durante un apresamiento ilegal de la Gendarmería, no significa que haya estado bien afirmar -desde un primer momento- la versión que luego avalaron las autopsias.

Cuando Patricia Bullrich descartó totalmente la posibilidad de que Maldonado fuese víctima de un exceso represivo de la Gendarmería, no tenía pruebas de lo que afirmaba y lo que correspondía es que pusiera inmediatamente bajo investigación a los efectivos que participaron en el operativo, tras el cual no volvió a aparecer con vida Santiago Maldonado.

La aborrecible manipulación política que el kirchnerismo hizo del caso Maldonado, no da la razón al proceder del Gobierno y su ministra.

Ahora, la administración de Mauricio Macri reincide en el error de dar por cierta una versión que no ha sido investigada. La temperatura política del país es tan alta, que la primera responsabilidad del Estado (Gobierno y Justicia) no es despejar rutas y recuperar territorios tomados por la fuerza, sino evitar que corra sangre y que haya sombras oscureciendo la confianza de la sociedad en sus fuerzas de seguridad.

Frente a un hecho trágico, los ministros deben partir de considerar posibles todas las hipótesis. Y los jueces y fiscales ya no pueden contentarse con ordenar operaciones y quedarse en sus despachos a esperar los resultados: deben acompañar los procedimientos para testimoniar ellos mismos que no se produjeron excesos y que de verdad se respondió con una fuerza proporcional a la amenaza infligida por los activistas a las fuerzas de seguridad.

Y no sólo los jueces: las organizaciones de Derechos Humanos también deben estar presentes en la verificación y control de situaciones que implican violación a las leyes y a la soberanía del Estado.

Redacción Turello.com.ar

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