Por Claudio Fantini. Sería importante que la Corte Suprema de Justicia se asomara al acuerdo por el que Repsol transfirió casi el 25% de YPF al grupo de la familia Eskenazi. Quizás, ahí encuentre una razón más contundente que la política de subsidios para explicar por qué el país tiene gas, pero debe importarlo.

¿El grupo Eskenazi desembarcó en YPF por un pacto de Néstor Kirchner con Repsol? | Foto: archivo Turello.com.ar | Foto: archivo Turello.com.ar

Si, como parece, nadie pagó por semejante paquete accionario, ¿en qué términos se produjo la venta? ¿Repsol simplemente se enterneció ante el deseo del grupo Eskenazi?

Una de las versiones más fuertes es que, obviamente, no fue ternura, sino que el entonces presidente Néstor Kirchner negoció -a cambio del traspaso- que la empresa española incumpliera la obligación de dedicar una porción importante de las ganancias a la investigación geológica, para que el descubrimiento de nuevos yacimientos permita que el agotamiento de otros, no deje sin el recurso energético al país.

Otras empresas concesionarias se sintieron, y con alguna razón, autorizadas para hacer lo mismo. ¿Resultado? Yacimientos vacíos y el paso de la exportación a la importación.

Posiblemente, eso explicaría también la necesidad de tener relaciones carnales con países productores de hidrocarburos, como Venezuela, y compromisos exteriores tan turbios como los contraídos con Irán.

No sería descabellado sospechar de un acuerdo oculto. En Santa Cruz, Eskenazi se había quedado con el banco provincial cuando fue privatizado por el entonces gobernador y lobbista de la privatización de YPF: Néstor Kirchner.

La diferencia entre que a la debilidad energética que sufre la Argentina la haya provocado la política de subsidios y que la haya provocado un negociado impulsado por un Presidente para quedarse con parte de una empresa mediante testaferros, es la diferencia entre el error político y la corrupción gubernamental.

Por eso, la Justicia debiera investigar aquel traspaso accionario, además de pronunciarse como acaba de hacerlo la Corte, sancionando los errores procedimentales graves que cometió el actual gobierno, pero de un modo que podría amplificar terriblemente sus consecuencias negativas.

Desde un ángulo de observación, la Corte había quedado en una disyuntiva como la planteada por Max Weber: optar entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción.

Tomar el primer camino habría dado a su pronunciamiento más realismo económico, por lo que éste puede implicar para el abismo del déficit y la imperiosa necesidad de inversiones. Y como en economía lo que no se paga por un lado, se paga por otro, es probable que, además de cumplir estrictamente con la letra de la ley, actuando desde la ética de la convicción jurídica, su pronunciamiento tenga también una dosis de demagogia.

Claudio Fantini

Politólogo y periodista. Analista político en medios argentinos y del exterior. Profesor y mentor de Ciencia Política en la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21). Autor de varios libros, el último de los cuales es la La Gravedad del Silencio.