Edgardo Calás, titular del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Córdoba (CPCPI), contó la reciente experiencia de un comerciante que resultó damnificado por un operador inmobiliario «en negro o trucho«, al alquilar un local comercial.

Alquiló un local comercial, cobró unos $ 20 mil por adelantado y desapareció. El inquilino vino, hizo la denuncia, pero no podemos hacer nada porque el operador inmobiliario no estaba matriculado. Pese a la presentación, no podemos cubrir al damnificado con la fianza del Colegio porque el intermediario no estaba matriculado, comentó Calás.

Además, admitió que hay unos 3.000 operadores que no están matriculados en el CPCPI, por lo que -ante cualquier operación fraudulenta- la entidad no puede recompensar al damnificado con la fianza constituida ante el Colegio. Insistió en que cualquier persona interesada en un negocio inmobiliario exija al gestor la correspondiente matrícula.

El Colegio tiene registrado unos mil profesionales, dijo.

Episodios similares se viven en las sierras. En verano, llueven las denuncias, admitió Calás, quien aseguró que la entidad firmó un convenio con la Municipalidad de Villa Carlos Paz para erradicar a los que ofertan sus servicios en la ruta y en el ingreso a la ciudad. «Se colocaron dos carteles, pero ya los destrozaron», acotó la secretaria del CPCPI, Silvia Jarchum. ■

Redacción Turello.com.ar

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