Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
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Por Juan Turello. Por momentos, los números parecen pintar una realidad ideal. Sin embargo, detrás de cada dato o anuncio que realiza el Gobierno nacional hay otra lectura que muestra los problemas de una economía que inició una carrera desenfrenada de precios y salarios.
Un repaso sobre quién pagará el «nuevo IFE» (¿con inflación?), la otra cara del cumplimiento del acuerdo con el FMI y los reclamos por los aumentos de salarios, en mi nota en La Voz.
Con el aval de Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sugirió que ese gasto se pagaría con el impuesto a la “renta inesperada” que obtuvieron el campo, la minería y las petroleras por el aumento de los precios internacionales a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.
Es muy difícil que el proyecto sea aprobado por el Congreso ante el rechazo de la oposición (así se expresó ayer en Córdoba el Interbloque Federal) y de los sectores productivos.
Resultado final: aquella masa de dinero volcada en la calle llevará a los beneficiarios -con graves urgencias económicas- a gastarlo rápidamente, lo que incentiva la demanda y alienta una nueva suba en los precios.
Las empresas productoras admiten que las familias y los grandes centros de venta ya comenzaron el acopio de alimentos ante la trepada de los precios.
El fenómeno provoca faltantes en algunos rubros, por lo que ya aparecieron los “precios blue” en varios artículos.
El Estado se beneficia con más inflación porque la recaudación de los impuestos ligados al consumo (IVA, por caso) se incrementa, ya que la alícuota se aplica sobre el precio del bien o del servicio.
El Gobierno va a financiar este bono con más inflación, lo que le permitirá incrementar sus ingresos.
Guzmán no mencionó un recorte del gasto ni poner en caja el déficit de las empresas públicas, cuyo rojo se incrementó en casi 2.200 millones de dólares desde diciembre de 2019 hasta enero último.
Si el déficit hubiera permanecido más o menos estable, hoy podría financiar con esos recursos el “nuevo IFE”.
Los números sugeridos por Guzmán -40% de aumento en la paritaria- quedaron destrozados en los acuerdos que ya firmaron varios sindicatos, entre ellos el de Comercio (59,5% entre abril y marzo de 2023). Los bancarios reclaman 60% y los trabajadores de UTA del interior piden que la suba sea del 50%.
“El gran riesgo es la inflación”, advirtió la directora del FMI, Kristalina Georgieva, sobre la Argentina. El Gobierno parece minimizar sus costos y su impacto social.
Las metas del primer trimestre con el organismo se aprobaron a través de una “contabilidad creativa”, ya que aparecieron ingresos por “rentas de la propiedad” por 157.800 millones de pesos, lo que supone un crecimiento de más del mil por ciento en relación con los 13.800 millones ingresados en marzo de 2021.
En resumen, el gasto no disminuyó, por lo que la maquinita de billetes siguió funcionando a pleno.
Para este mes, el Gobierno esperaba una inflación en torno del 4%, pero el dato estará más cerca del 6%, lo que anticipa una escalada que no parece detenerse.
Sólo habría que agregar que el otro dato positivo que difunden las autoridades -el crecimiento récord de las exportaciones-, está basado más en el aumento de los precios que en los volúmenes exportados. La lista sigue.
Mientras, los esfuerzos oficiales están concentrados en el Consejo de la Magistratura y en ampliar la Corte Suprema de Justicia.
Dos peleas vinculadas con el poder más que en la solución de los problemas de la sociedad.
Más valdría actuar sobre el descontrol de la economía.