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Por Juan Turello. El recorte de fondos presupuestarios a las provincias -plata para la próxima campaña electoral, en definitiva- y la presión del kirchnerismo duro llevaron al profesor universitario de Derecho a levantarse contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Las razones del frente interno le provocaron el mayor daño institucional a la imagen de Alberto Fernández, quien pagará cara esa sedición contra el máximo tribunal de Justicia, señala mi nota en La Voz.
En algún momento, la economía le pasará factura, ya sea a través de los agentes internos o de inversores institucionales. ¿Quién invertirá en un país en el que el Presidente no acata a la Justicia?
No es una buena señal que las provincias más “rebeldes” contra el fallo de la Corte sean las peores administradas, si nos atenemos a la necesidad permanente de fondos nacionales para disimular sus déficits.
Algunos botones de muestra: Chaco, gobernada por Jorge Capitanich, decidió otorgarles un bono de 20 mil pesos a los empleados públicos por las Fiestas; Catamarca (Raúl Jalil) les dará 40 mil y La Rioja (Ricardo Quintela), 50 mil.
Los casos más inoperantes son Buenos Aires (Axel Kicillof, quien ante las demandas salariales de la Policía bonaerense desató la actual crisis), otorgará 30 mil, y Santiago del Estero -gobernada por Gerardo Zamora- pagará un bono de ¡200 mil pesos!
Los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti) y de Santa Fe (Omar Perotti), que se excluyeron del documento sedicioso, no anunciaron un bono para los empleados públicos.
Leído de otra forma: por cada peso que aporta, Formosa recibe 4,5; Chaco, 3,5, y Santiago del Estero y Catamarca, 2,7. El gasto lo pagan las provincias que más recaudan.
Alberto Fernández se vio sometido a la presión de dos fuerzas incontenibles para su débil administración.
Los números de aprobación de la gestión de Alberto Fernández están por debajo del 20%. Ni los jugadores de la Selección campeona del mundo quisieron saludarlo.
El Gobierno nacional debería resignar 180 mil millones de pesos, según cálculos provisorios, y entregarlos a la Ciudad de Buenos Aires.
Esos recursos no surgen del reparto secundario de la coparticipación (entre las provincias), sino de la distribución primaria, entre la Nación y los 24 estados federales.
Pero como esa cifra está incluida en el Presupuesto 2023 en obras públicas y aportes a las provincias, en especial, a las administraciones peronistas, ese recorte es un duro golpe para la futura campaña electoral.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el déficit se puede incrementar ante la llegada de los meses electorales, y empujar la aún más la inflación.
El FMI estima que Argentina alcanzará a fines de 2023 una inflación de 3,5% mensual, porcentaje que Sergio Massa promete para abril.
Consultoras y analistas prevén que la suba de precios del año próximo rondará el 100 por ciento. Otro mal dato para las aspiraciones electorales del peronismo.
La situación económica “sigue siendo frágil”, recordó el Fondo, en medio de la protesta de piqueteros, que incluyó a sectores oficialistas.
“Fulbito para la tribuna”, dicen en el Gobierno sobre esa protesta. Sin los dólares que aportó el organismo, la situación sería de extrema debilidad para Fernández y Massa.
Mientras, la industria de Córdoba, encabezada por los metalúrgicos, trazó un panorama dramático si no se regulariza el ingreso de insumos.
En pocas horas, el Gobierno destrozó el clima de convivencia que había traído la Copa del Mundo. Alberto Fernández prometió en campaña que iba a ser el presidente de todos los argentinos. Incumplió.