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El Gobierno nacional y la oposición tratan de obtener algún rédito político del escándalo desatado en la FIFA, que hoy reeligiría como presidente al cuestionado Joseph Blatter. Sin embargo, hoy es impredecible qué sector pagará el costo político en la Argentina. A nivel global, la denuncia desató una guerra política y económica mundial.
Hasta el momento, la justicia norteamericana pidió la extradición de tres empresarios argentinos: Alejandro Burzaco, CEO de la empresa Torneos y Competencias, Hugo y Mariano Jinkis, de la fimra Full Play SA.
Ayer, los hombres de negocios pidieron ser eximidos de presión, pero la presentación fue rechazada por el fiscal. Por ello, el juez libró la orden de detención. Hasta anoche no habían sido detenidos.
En tanto, la AFIP se presentó ante la Justicia para denunciarlos por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.
Los medios paraoficiales comenzaron a insinuar la relación de Burzaco con el grupo Clarín, que –a través de varios mensajes a través de la red social Twitter, desmintió tener negocios en común con Torneos y Competencias en la transmisión de partidos de fútbol. Sólo reconoció que comparte el 50% con esa compañía en el canal de cable TyC, pero que éste no efectúa transmisiones deportivas.
Por ahora, no está claro qué sector y qué dirigentes pagarán el costo político en la Argentina del escándalo.
A todo esto, la oposición apuntó a los negocios gestionados por Julio Humberto Grondona, ya fallecido. El más reciente, es haber roto el contrato con Torneos y Competencias para la transmisión del fútbol argentino y aceptar la tutela del Gobierno kirchnerista. La transmisión de los cotejos pasó entonces a mano de la televisión pública, a través de un contrato con otra operadora privada.
Mario Negri, jefe del bloque de diputados radicales, presentó un pedido de informes para conocer sobre los negocios de Grondona, cuando estuvo al frente de la AFA.