Por Juan Turello. En las horas previas al escándalo por las «vacunas-VIP», Alberto Fernández no había ahorrado lustre para lanzar el Consejo Económico y Social (CES), que cobijará a 26 dirigentes, según la lista oficial (se habían anunciado 30 integrantes), y que funcionará con 25 comisiones bajo la dirección de Gustavo Béliz y no de Roberto Lavagna, como fue la promesa inicial. ¿Sirve el CES para solucionar las urgencias?
El Gobierno se encargó de subrayar que el CES “no será un ámbito para discutir temas coyunturales y de cortísimo plazo, como el acuerdo de precios y salarios”, señala mi nota en La Voz.
En pocas palabras, el CES es un organismo con dirigentes sectoriales, académicos y asesores internacionales (¿ad honorem?), que -en el pasado- no dio resultados, aunque bajo diversas modalidades.
Córdoba no tiene peso ni representantes en el CES, aunque tampoco es un tema que preocupe al Gobierno provincial.
En 2014, durante el kirchnerismo, Ricardo Forster llegó a encabezar la pomposa Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Hoy, Forster es asesor del Presidente.
Durante el primer mandato de Juan Schiaretti, en 2008, se constituyó el Consejo para la Planificación Estratégica (COPEC), cuyo mayor logro fue un documento consensuado sobre educación. La planificación se diluyó con el tiempo y el organismo -conducido por el politólogo Daniel Zovatto– fue disuelto en su segunda gestión.
La creación del CES nacional no contribuirá a solucionar las urgencias, aunque es válido el objetivo de que puedan plantearse políticas de Estado, a las que adhiera la mayoría.
En Córdoba debiera funcionar un Consejo Económico y Social, previsto en el artículo 125 de la Constitución Provincial. Muy pocas veces llegó a cumplir su función de “órgano de consulta de los poderes públicos”, como se establece en su conformación.
Los contrastes de gobierno son notables entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. ¿Pueden definirse políticas de Estado en un país que aún no resolvió su identidad en temas básicos? La oposición no fue convocada. ¿puede haber políticas permanentes sin apoyo político opositor?
Las consultoras Ecolatina y de Orlando Ferreres -las más respetadas en proyecciones macroeconómicas- anticipan que la inflación rondará el 3,5% en febrero. La suba de precios, junto con la inseguridad, es la principal preocupación de los argentinos.
En marzo, se sumarán los aumentos por el inicio de clases, por la indumentaria, por la medicina prepaga y, casi con seguridad, por el incremento los combustibles.
En el primer trimestre, es posible que la inflación haya consumido un tercio de la que proyecta Guzmán para el año: 29%.
El ministro se apoya en la promesa de reducir el déficit y en el atraso del dólar con respecto a la inflación. La actualización prevista es sólo del 25%.
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La baja del blue y de los dólares financieros obedece a varias causas; la principal es la venta de bonos por parte del Estado, que rinden 16% anual en dólares a sus vencimientos “debido a políticas macroeconómicas mediocres”, advierten acreedores que aceptaron el canje de deuda.
También influyen el aumento de la liquidación de los exportadores tras la reunión entre el Presidente y la Mesa de Enlace (“no habrá aumento de retenciones ni cupos”). Las ventas externas se incrementarán desde marzo con la cosecha de granos gruesos, que anticipa un rinde de 49 millones de toneladas tanto en maíz como en soja.
A esos factores se suman la necesidad de pesos de quienes tienen posiciones en dólares. La caída de las importaciones y el menor turismo externo redujeron, a la vez, la demanda de billetes.
Otro sector del Gobierno busca acotar la inflación mediante los controles de precios y las sanciones a las empresas, un accionar distinto al que prometió Guzmán a los empresarios.
“Imputamos a las empresas para que vuelvan a producir a su máxima capacidad”, dice la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ajena a los principios de la economía, pese a su doctorado.
Con estrategias tan diferentes, será difícil que haya un acuerdo efectivo sobre salarios y precios, más allá de las fotos oficiales, que gremialistas y empresarios no quieren perderse por temor al látigo oficial.
Mientras, el CES seguirá debatiendo.