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Por Claudio Fantini. Ni Dilma Rousseff ha sido más arbitraria que Cristina Kirchner; ni en Brasil el sistema judicial es golpista. Sencillamente, si la presidenta argentina actuara en Brasil como actúa aquí, habría tenido varios juicios políticos desde al menos la mitad de su primer mandato. ¿Por qué?
Conviene recordar que en Brasil es difícil hablar de una justicia derechista procurando un “golpe blando” contra el gobierno del PT, porque en la década de 1990 se impuso un juicio político que sacó del gobierno a Fernando Collor de Mello, un presidente millonario, conservador y neoliberal.
Y ahora, asomarse a las acusaciones por las que se investiga a la jefa de Estado brasileña, muestra la dimensión oceánica de la impunidad en la Argentina y la impudicia para el manejo arbitrario del poder que tienen sus gobiernos, en mayor medida el Gobierno nacional, pero también varias administraciones provinciales y muchas más municipales.
Por caso, La investigación autorizada por el Tribunal Supremo Electoral a Dilma Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, por financiación ilegal de la última campaña electoral. Se los investigará si fondos provenientes del escándalo del “Petrolao” (esquema de sobornos de grandes empresas ligadas al gobierno y al PT, para obtener licitaciones en Petrobrás) fueron utilizados en la campaña de Dilma y Temer.
En la Argentina, no se habilitó una investigación similar sobre los fondos que el tráfico de la efedrina (para ser usada como precursor en la elaboración de otras drogas), habrían sido destinados a la campaña de Cristina Kirchner en 2007 para suceder a su marido en la Presidencia.
Por otro andarivel judicial, se investigará en Brasil una acusación de la que Cristina Kirchner no tendría modo alguno de salir inocente: el uso indebido de las cadenas nacionales y el aparato del Estado para publicidad partidaria.
Si se compara la utilización que la jefa de Estado de Brasil y su colega argentina hicieron de las cadenas nacionales en beneficio del propio liderazgo, al ver que en el país vecino el tema es considerado grave y judicializable, se adquiere una dimensión cabal de la magnitud del estropicio que semanalmente se comete en la Argentina, donde las cadenas nacionales han pasado a ser cadenas personales.
Las otras dos investigaciones en Brasil, habilitadas por el Tribunal de Cuentas, es por presunta manipulación de indicadores económicos y por presuntas maniobras para esconder el déficit fiscal en el balance contable del último año de la anterior gestión de Dilma.
Estas dos investigaciones también muestra la diferencia abismal de la independencia del poder judicial en Brasil y en la Argentina.