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Decidido a recuperar imagen tras los graves saqueos y la rebelión policial del 3 y 4 de diciembre, De la Sota encaró una serie de acciones. Ahora, sancionó” a Monsanto al rechazar el estudio de impacto ambiental, que paralizará las obras.
Si bien la decisión fue tomada por una comisión interministerial e interdisciplinaria, las mayores exigencias a una de las grandes multinacionales del alimento tiene que ver con las fuertes protestas ambientalistas. La presencia de defensores del ambiente, respaldados por agrupaciones de izquierda, le provocaron al Gobierno provincial un fuerte dolor de cabeza social y electoral.
Las decisiones de la Justicia provincial de autorizar la construcción civil de la planta se contraponían con las acciones de los ambientalistas, que –con el uso de la violencia y la posterior represión policial- ganaron espacio en los medios locales y a nivel nacional.
Ahora, el Gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto al cuestionar el proceso de tratamiento de los residuos de los materiales que se iban a producir en la planta de Malvinas Argentinas.
Anoche, a través de un comunciado, Monsanto anunció que estaba dispuesta a presentar «un nuevo estudio, más amplio y exhaustivo». Ratificó que no avanzará en la construcción de la planta hasta que la nueva presentación haya sido debatida en audiencia pública y aprobada por la autoridad provincial.
La decisión de cuidar el Ambiente se conoció en momentos en que en diciembre último se produjo uno de los mayores desmontes de los últimos cuatro años. Se perdieron 2.241 hectáreas de bosque nativo. El desmonte aplicado equivalía a 3.000 canchas de fútbol.