Por Sergio Mabres. Uber es un servicio que permite vincular a conductores particulares, que quieren ganar dinero por el transporte de personas (como en cualquier otra actividad), con pasajeros, los cuales prefieren esta forma de movilidad por encima de las existentes (ómnibus, taxis y remises), ya sea por su precio o por otros motivos.
En Córdoba, el servicio se habilitó desde el lunes último, pese a la caótica protesta de taxistas y remiseros, que -durante varias horas- bloquearon las principales vías de circulación en el centro de la capital cordobesa. En una jornada caliente, tanto el intendente Ramón Mestre como miembros del Concejo Deliberante advirtieron que «Uber no es legal».
Sin embargo, la compañía se defendió al sostener que el viaje no es un servicio público, sino que se trata de un contrato entre privados, de acuerdo con las modalidades que permite el nuevo Código Civil y Comercial. En Córdoba afirma que se anotaron 28.500 conductores y que más de 143 mil personas ya se registraron para usarlo.
¿Qué puede suceder en Córdoba con Uber? Si se toma como referencia lo que ocurrió en otras latitudes y ciudades, podrían pensarse en tres finales:
Aún no llegó Uber a Argentina y ya hay manifestaciones – Turello Turello https://t.co/eov7y6x18B
— Sergio 💚 (@smabres) March 29, 2016
Más allá de la «tregua» por 48 horas que han dispuesto taxistas y remiseros, es factible que en los días sucesivos se sucedan las protestas, con cortes en lugares neurálgicos de la Capital, ataques a choferes de Uber, a sus automóviles y hasta a pasajeros.
Esas situaciones ya se vivieron en la Ciudad de Buenos Aires.
La opción más potable sería que los concejales sancionen una norma por la que sólo admitan los servicios Uber Black y Uber Taxi.
Estas prestaciones obligan a los titulares de los automóviles a contratar un seguro contra todo riesgo, poseer carnet profesional, el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos e IVA (aunque el transporte público está exento de estos tributos) y otras obligaciones que correspondan. Los taxis cumplen con el seguro contra terceros, tienen licencia de conducir profesional y realizan la ITV cada seis meses.
Cientos de ciudades y países enteros han expulsado a Uber o lo han limitado a Uber Black de alta gama y alto costo o a Uber Taxi, donde la app sólo se puede instalar en taxis y remises autorizados, en los cuales actúa como «intermediario» del servicio.
Hay ejemplos de rechazo en China, en Dinamarca, en Oregón (un estado de EE.UU.), en Vancouver (Canadá) y en Budapest (Hungría), además de limitaciones en diversas ciudades europeas, como Berlín, Lisboa, Madrid, Barcelona, Milán y Roma, entre otras.
• La llegada. Uber entra ofreciendo el servicio a pesar de todo y después negocia sobre el hecho consumado.
• Los precios son bajos para los pasajeros y altos para los choferes, al principio, ya que Uber pone la diferencia. Cuando el sistema se consolida, los precios empiezan a subir y los pagos a los choferes a bajar, lo que complica la situación de quien coloca su capital -un automóvil- para el servicio.
• La empresa no responde ante accidentes y delega la responsabilidad a los seguros de los autos particulares, si es que los conductores tienen un seguro confiable.
• La empresa no responde ante enfermedades o accidentes de los choferes, y llega a darlos de baja de la app si inician acciones legales. Si se considera que algunos trabajan todos los días más de 8 horas diarias durante varios años, lo más lógico es que tengan alguna relación de dependencia. Esta modalidad también acontece con miles de choferes de taxis y remises quienes «están en negro» en sus tareas.
• El precio más bajo que taxis y remises se sostendría en la elusión de impuestos, no por la evasión, ya que la actividad no está gravada, como sucede con otras prestaciones. El prestador sólo está alcanzado por los impuestos a las Ganancias (que no paga si está inscripto como monotributista) y a los Bienes Personales, si con su automóvil y otras propiedades supera el mínimo no imponible. Taxistas y remiseros deben abonar diversos permisos municipales, que en la práctica son como «impuestos» por sus tareas.