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¿Por qué la Policía y la Justicia no lo encuentran a Ricardo Jaime? ¿El Gobierno nacional le soltó la mano? ¿Por qué el kirchnerismo acepta pagar este costo político, a días de las elecciones primarias y generales? Estas preguntas son parte del debate instalado.
El viernes último el juez federal Claudio Bonadío ordenó la prisión preventiva y que se detuviera a Jaime por una presunta estafa del ex secretario de Transporte de la Nación en una licitación del Belgrano Cargas. Desde esa fecha está prófugo, pese a los allanamientos realizados en la Capital Federal y en distintos sitios de Córdoba.
El kirchnerismo guarda silencio. El único parlante fue el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien justificó la falta de opinión del oficialismo, pese a la locuacidad con que los voceros responden a diario sobre diversos temas.
A la orden de Bonadío, se sumó el fiscal cordobés Máximo Hairabedian, quien ordenó su captura ya que a partir del 30 de julio debe comparecer en un juicio acusado de sustracción de material público.
Junto al silencio oficial, se conoció que Jaime está vinculado a una empresa contratista del Estado nacional para realizar obras en la Estación Avellaneda, en el conurbano bonaerense.
La oposición usa el el «caso Jaime» como la imagen emblemática de corrupción del kirchnerismo, como en su momento María Julia Alsogaray representó a la del menemismo.
La corrupción aparece como uno de los temas que inquieta a la sociedad cuando la economía comienza a mostrar estancamiento o retroceso. Precisamente, las cuestiones que más preocupan en la actualidad son inseguridad, inflación, temor a perder el empleo y la corrupción.
El costo político en torno al «caso Jaime» afectaría las chances del kirchnerismo en Córdoba, pese a que José Manuel de la Sota lo tuvo como funcionario de Educación durante la etapa inicial de la primera gestión, que se inició en 1999. ●